Los acontecimientos de las últimas semanas han vuelta a poner el foco mediático en Turquía, un estado que siempre tiene que hacer frente a una realidad complicada y habitualmente llena de contradicciones, a caballo entre Europa y Oriente Medio.

Hace unos días un analista internacional señalaba «qué lejos está Turquía... y sin embargo qué cerca». En unas semanas aquel país ha asistido a una serie de acontecimientos que han podido condicionar seriamente el devenir del mismo. Los atentados del mes de julio y los dos procesos judiciales en marcha, uno para ilegalizar el partido en el Gobierno y otro para desenmascarar una oscura trama golpista, son unas duras pruebas que cualquier estado tendría difícil superar sin salir malparado.

En estos días, y más allá de los tópicos, malintencionados o ignorantes, que se vierten en torno a la compleja situación turca, la mayoría de actores de aquél país han tenido ocasión de retratarse, y probablemente de adecuar su actuación futura. La coincidencia de ambos procesos judiciales ha sido utilizada por parte de la llamada trama Ergenekon para tensar todavía más la cuerda y debilitar al Gobierno del AKP.

Los círculos «kemalistas, jacobinos, burocráticos y militares», defensores del status quo que ha dirigido la política turca en las décadas pasadas han maniobrado para poder frenar los intentos reformistas impulsados por el partido gobernante, y que muchos siguen representando como la cara «amable» del islamismo político más radical, cuando en realidad su actuación política está equiparada en cierto sentido al de cualquier partido democratacristiano occidental.

La judicatura turca ha decidido no ilegalizar «de momento» al AKP, lo que se interpreta como una victoria relativa de éste, que no debe olvidar que en el pronunciamiento judicial se dejan abiertas todavía muchas puertas para su futura ilegalización. Para algunos analistas turcos llama la atención la petición del propio Tribunal Constitucional al Gobierno para que introduzca los cambios necesarios para evitar o dificultar la prohibición de partidos políticos en el futuro. Sobre todo si tenemos en cuenta que ese mismo órgano ha ilegalizado más de dos docenas de partidos desde que se creó en 1960, utilizando los resortes legales que disponía, pero también en ocasiones frenando cualquier iniciativa en la línea que ahora propone.

El papel de la Fuerza Armadas Turcas (TSK) en política también ha centrado la actualidad estos días. Tras la reunión del Consejo Militar Supremo (YAS), se ha producido el relevo en la cúpula militar, pero ha llamado la atención que en esta ocasión en la citada reunión no se haya dado ninguna expulsión de militares acusados de «fundamentalismo religioso», lo que ha podido obedecer a algún tipo de acuerdo en torno a los militares implicados en la trama golpista de Ergenekon. El próximo mes de diciembre se volverá a reunir el YAS y probablemente su actuación irá en línea con el devenir de los acontecimientos.

En este teatro se ubica también lo que algunos han definido con bastante acierto como «los otros golpistas», aquellos que de una manera u otra han venido justificando los diferentes golpes de estado que se han sucedido en Turquía en su historia moderna.

El próximo 20 de octubre se iniciará las primeras audiencias del juicio contra esa trama que se extiende entre políticos, empresarios, militares y medios de comunicación. Tal vez por esto llama la atención el intento de algunos medios de ocultar el asunto, o de atribuirlo a las desprestigiadas teorías conspirativas. Lo cierto es que tras una ardua investigación, se están revelando los objetivos, los medios y las relaciones entre los diferentes actores encausados, así como la participación en los últimos años en la muerte de significadas figuras políticas, judiciales o periodistas.

Bajo la fachada de defensa del laicismo, puede ocultarse todo un movimiento fundamentalista secular, que antepone a cualquier medida democrática la defensa de una situación de privilegio para sus propios intereses, y que está dispuesta a poner contra las cuerdas la voluntad democrática de la población turca, a la que dicen defender.

El AKP se ha salvado por los pelos, de momento. En estos momentos los dirigentes del partido gobernante estarían barajando dos opciones. O «abrazar el consenso» que reclaman sus opositores, lo que podría convertirle en un «partido político más», con las connotaciones negativas que conlleva, y con el freno a los cambios que promueven, o bien, seguir adelante con su agenda reformistas para lograr importantes transformaciones en la vida política del país.

En las próximas semanas el AKP deberá afrontar varias «patatas calientes», como las reivindicaciones kurdas, la apertura del seminario «Halki», los derechos de las minorías, como los alevís, la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, y otros temas relacionados con la religión.

Y nos encontramos con los atentados del mes de julio. Tras el ataque contra el consulado estadounidense en Estambul el pasado 9 de julio, el día 27 otro atentado en al misma ciudad provocaba la muerte de 17 personas y heridas a más de cien. La autoría de estos ataques, a pesar de las pomposas declaraciones oficiales, continúa siendo una incógnita.

Desde grupos fundamentalistas locales como Hezbollah, u organizaciones de izquierda como DHKP-C, pasando por el PKK kurdo o grupos islamistas transnacionales como IBDA-C, han sido señalados como autores de los ataques.

Otras fuentes apuntan a la elección de Estambul para lograr una importante cobertura mediática, y un impacto en la política turca en pleno juicio de ilegalización del AKP y del caso Ergenekon, en vísperas de cambios en la cúpula militar y tras los continuos ataques contra las poblaciones del Kurdistán Sur.

El futuro turco necesita importantes transformaciones. La judicatura tiene su imparcialidad y credibilidad seriamente dañados por los impulsos políticos que la han acompañado, de hecho en Turquía se suele apuntar que allí, «un juicio no es jurídico sino político». Esos magistrados han debido olvidar que «el primer objetivo de la ley y las instituciones legales es proteger los derechos individuales frente al estado, y no al revés».

El Gobierno deberá decidir si sumarse a la tradicional «política de tutelaje» (vekalet) o situarse entre los que defienden la voluntad popular y a sus representantes elegidos democráticamente, al tiempo que hace frente a una salida negociada de las demandas kurdas y de otras minorías.

Los partidos de la oposición debe dejar de utilizar el sistema judicial en clave política, y los medios de comunicación deberán evitar la manipulación y tergiversación.