Resulta completamente obsceno el debate suscitado en torno a la viabilidad o conveniencia de establecer la cadena perpetua en el Estado español. La falsa polémica, generada de nuevo a raíz del excarcelamiento de Iñaki De Juana, es grave por recurrir como modelo a seguir a los estados más retrogrados de EEUU, donde una persona puede llegar a morir encarcelada. Pero sobretodo es grave porque oculta que, en el caso de los vascos, la cadena perpetua ya está instaurada de hecho y que, además, su aplicación es más radical que la que se realiza en aquellos países del entorno europeo donde esa pena está inmersa en los códigos legales.

Y es que, en la esfera pública española, la delgada línea que distingue la ignorancia de la maldad se diluye. Saltando a la comba sobre esa línea, tenemos juristas de relumbre como López Garrido que asumen sin complejos que la cadena perpetua ha sido impuesta de facto, sin los costes que hubiese supuesto hacerlo de iure. Tenemos también ministros de Justicia que admiten que si no existe causa siempre se pueden construir imputaciones. Y, por último, tenemos un ministro de Interior que, al jactarse de que al menos uno de los detenidos en la última redada -por lo tanto alguien aún sin juzgar- saldrá de la cárcel dentro de cuarenta años, avisa implícitamente de que según sus planes dentro de cuatro décadas el conflicto vasco seguirá abierto.

Mientras tanto, los concejales en Euskal Herria del partido de ese ministro, quienes viven en primera persona las consecuencias más duras del conflicto, realizan actos de desagravio siguiendo el guión de la ultraderecha. ¿Acaso no son conscientes de que los responsables de su partido están diciendo que durante al menos otras diez legislaturas la gente va ha seguir viviendo en las mismas condiciones que tienen ellos ahora mismo? ¿Acaso no son conscientes de que alardear de tener a seres humanos cuarenta años en prisión en condiciones inhumanas es propio de una dictadura o de un Imperio, y no de un Estado de Derecho?