En un demoledor informe de 500 páginas, Ruanda acusó ayer formalmente al Estado francés y, en especial, a una treintena de relevantes dirigentes políticos y militares de participar directamente en el genocidio cometido en 1994. En sólo cien días, milicianos de la etnia hutu mataron a más de 800.000 personas, la mayoría tutsis.

«Tropas francesas participaron directamente en la muerte de tutsis y hutus acusados de esconder a tutsis. Además, violaron a muchas sobrevivientes de esta etnia», denunció la comisión de investigación que, a lo largo de casi dos años, ha recabado el testimonio de víctimas, investigadores, escritores y periodistas. Aunque el documento fue entregado al Gobierno ruandés en noviembre del pasado año, su contenido no se hizo público hasta ayer.

«El apoyo francés fue político, militar, diplomático y tenía base logística», concluyó. Sobre este último aspecto, afirmó que París entrenó a lo hutus para cometer tales matanzas, ayudando a perpetrar el genocida plan.

«Considerando la gravedad de los hechos, el Gobierno de Ruanda urge a las autoridades competentes a que lleven a cabo todas las acciones necesarias para llevar a los responsables políticos y militares franceses ante la justicia para que respondan por sus actos», remarcó el ministro de Justicia. Entre la lista de «responsables», adjunta al informe, caben destacar relevantes figuras como los ex primer ministros Dominique de Villepin y Edouard Balladur, el ex ministro de Exteriores Alain Juppe y el ex presidente Francois Mitterrand.

París no quiso emitir una valoración alegando que para ello debe conocer el contenido exacto del informe. Eso sí, el Ministerio de Defensa negó «imparcialidad y legitimidad» a esta comisión de investigación, y reiteró la postura defendida hasta el momento. En un comunicado emitido el 9 de febrero de 2007, afirmó que «Francia asume plenamente su acción en Ruanda y, en particular, las de sus fuerzas armadas». Aunque el jefe de la diplomacia, Bernard Kouchner, negó cualquier implicación, tuvo que admitir la comisión de «errores políticos».

En junio, seis personas fueron detenidas en el Estado francés por su presunta participación en el genocidio. Los arrestos se produjeron a instancia de Ruanda y del Tribunal Penal Internacional para este país (TIPR).