La autora analiza algunos de los tópicos establecidos por el márketing institucional para justificar la tibieza de las normas establecidas para favorecer la euskaldunización de los servicios públicos y de la sociedad en general. Sostiene que la normalización del euskara no llegará como fruto de la voluntariedad, sino de una política con mayúsculas.

1.- El problema actual del euskara es que los que lo saben lo hablan poco. Estamos asistiendo a un auténtico bombardeo de esta idea. Desde todas las instancias se llama a los vascoparlantes a utilizar la lengua y se subraya, ahora con especial intensidad, que la situación actual del euskara es en gran parte consecuencia de la dejadez de los euskaldunes. El Gobierno Vasco dice: «Es la dejadez de los vascoparlantes el mayor enemigo del euskara», y en el mundo euskaltzale es prácticamente omnipresente la frase de Josean Artze que viene a decir algo así como que «una lengua no se pierde por que no la aprenden los que no saben, sino porque no la utilizan los que la saben». Sin embargo, Behatokia en primer lugar, con miles de ejemplos recogidos desde hace años, y recientemente Elebide (organismo oficial para «garantizar» los derechos lingüísticos), recogen quejas de ciudadanos y ciudadanas que han querido usar el euskara y no han podido. Detrás de esta realidad hay infinidad de intentos fallidos de comunicación, intentos que tienen consecuencias prácticas, pero también emocionales, e incluso policiales o penales.

Consecuencias emocionales, porque es difícil aguantar una y otra vez la petición de cambio de lengua, petición que muchas veces se realiza de forma intolerable. Consecuencias prácticas, porque cantidad de veces acarrean problemas de todo tipo como retrasos, trámites, desplazamientos... así como pérdidas de otros derechos. Consecuencias penales, porque, no lo olvidemos, intentar usar el euskara ha llevado a varios ciudadanos y ciudadanas delante del juez, juez que, por cierto, no ha atendido en euskara, como es habitual.

La afirmación de que el euskara se utiliza poco es falsa, política y socialmente intolerable y, además, científicamente insostenible. Nuestro país ha dado buenos sociolingüistas, seguramente debido a la realidad lingüística peculiar que nos toca vivir. Uno de los más conocidos es Jose Luis Álvarez Enparantza, Txillardegi, que además de lingüista es ingeniero. Una de sus aportaciones más interesantes es la aplicación del método matemático a la realidad sociolingüística con el objetivo de conocer cuáles son las posibilidades de utilización de una lengua en relación con su conocimiento. Es evidente que las posibilidades de uso de una lengua están estrechamente relacionadas con la cantidad de hablantes de la misma, es decir, a más hablantes, más posibilidades tendremos de usar la lengua, como es evidente.

Pues bien, las tasas de utilización indican lo contrario a lo que nos quieren hacer creer: el vascoparlante, cuando tiene oportunidad, utiliza el euskara. La fidelidad a la lengua, teniendo en cuenta el porcentaje máximo de utilización que podemos conseguir con los niveles de conocimiento actuales, es alta. Lo que ocurre es que la dictadura del monolingüe es implacable y que los vascoparlantes somos bilingües, lo que nos obliga a cambiar de lengua cada vez que un monolingüe se introduce en nuestras relaciones sociales, y eso ocurre muy a menudo, como os podéis imaginar.

Esto que acabo de decir, sin duda ninguna, es perfectamente conocido por los responsables de las políticas lingüísticas. Baztarrika, Azanza y Brisson saben perfectamente que la realidad es ésta, pero sería aceptar que sus políticas han sido y son un fracaso, y eso no lo harán nunca. Es más fácil cargar sobre el débil que aceptar los errores. Digamos las cosas como son: sin aumentar significativamente el número de personas que saben euskara es injusto e inmoral cargar la culpa de la situación del euskara sobre los y las vascoparlantes. Por lo tanto, plantear que «ahora el reto es la utilización» -con una tasa de conocimiento del euskara que no llega ni a la tercera parte de la población (y eso sin hablar de la calidad del lenguaje)- es, cuando menos, extemporáneo. En lugar de falsear la realidad, nos deberían decir qué van a hacer y en qué plazo para llegar a la universalización del conocimiento del euskara.

2.- La política lingüística la define el consenso político y social y depende de la voluntariedad. La política lingüística sólo la puede definir un concepto: el de los derechos lingüísticos. Es un verdadero error la idea del consenso y la voluntariedad aplicada a la normalización del euskara. Sé perfectamente que es políticamente incorrecto decir lo que acabo de decir, pero es así. El consenso implica negociación, pero la normalización del euskara supone, fundamentalmente, la restauración de los derechos lingüísticos, y los derechos no se negocian, ni los lingüísticos ni los de ningún tipo. Pongamos un ejemplo. La Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos de Barcelona en su artículo 50.2 define, entre otros, que tenemos derecho a recibir la información de las etiquetas en euskara. Es, pues, un derecho que la información básica que tiene que ofrecer la etiqueta se ofrezca en euskara. Ningún gobierno, el Gobierno Vasco tampoco, por si había dudas, ha hecho nada para que este derecho se garantice.

Si el camino que se nos plantea es animar a las empresas para que de forma voluntaria hagan esfuerzos, seguiremos sin tener etiquetas en euskara; si decidimos darles dinero para que lo hagan, en cuanto dejemos de hacerlo volverán a etiquetar como les dé la gana. El único camino efectivo es legislar dando a las empresas un plazo razonable e infranqueable para adecuarse a la normativa que les obligue a etiquetar en euskara y prever sanciones para el que no lo haga. Lo dicho; los derechos no se negocian. En más de 25 años, vía negociación y voluntariedad no hemos podido euskaldunizar las etiquetas, pero tampoco la publicidad, los libros de instrucciones, los prospectos, el sistema de salud, la práctica deportiva, la oferta de cine, los medios de comunicación... Defender esa vía es fruto de la impotencia e indica un nulo interés por garantizar los derechos lingüísticos.

3.- El avance del euskara en estos últimos años ha sido exitoso. En materia de política lingüística, el éxito o el fracaso no lo define solamente lo hecho; lo que se podía haber hecho y no se ha realizado también cuenta. Las Administraciones apuntan en su cuenta tantos que no han conseguido, tantos que en muchas ocasiones se han producido a pesar de ellas. Eso que intentaron frenar o entorpecer por el mero hecho de que no lo controlaban se convierte ahora en la justificación del éxito. Sin embargo, los derechos lingüísticos en las Administraciones, en todas, se vulneran sistemáticamente después de más de un cuarto de siglo de proceso.

Pongamos otro ejemplo: Osakidetza tenía unos 4.000 trabajadores hace 20 años; estuvieron sin plan de euskaldunización hasta hace 3 ó 4 años, esto es, cuando ya eran 28.000 los que trabajaban en el ente público. Si se hubiera hecho lo debido en su momento, a día de hoy Osakidetza no conculcaría los derechos de los vascoparlantes. Pero no se hizo, y ahora entre todos tenemos que pagar la euskaldunización de miles de trabajadoras y trabajadores, gasto que se podría haber evitado haciendo política. Por cierto, el responsable de Osakidetza durante muchos años fue Azkuna, hoy alcalde de Bilbao, ciudad que, por no tener, no tiene ni ordenanzas del euskara, dejando en indefensión a todos los vascoparlantes de la villa. ¡Vaya éxito!

4.- El corpus jurídico que regula la normalización es adecuado. No es adecuada la ley del vascuence, no es adecuado no tener protección legal como en Iparralde y, tajantemente, no es adecuada la arquitectura legal de la CAV. Cuidado, no lo digo yo, lo dice Elebide, el nuevo instrumento del Gobierno Vasco para el márketing lingüístico. Los expedientes número 18, 55, 62, 79, 129, 224 y 242 encuentran la razón del cierre de la gestión de una u otra manera en la falta de protección legal. «Según la ley 6/2003 la empresa no está obligada a garantizar el bilingüismo», «La Iglesia, en la medida que puede ser considerada una entidad privada, no está obligada por ley a garantizar el bilingüismo», «No podemos tramitar la queja, dado que no tenemos bases jurídicas para ello», «Por lo tanto, en vista de que no hay bases jurídicas, nos vemos obligados a rechazar la queja»... Aquí tenéis unos ejemplos de las respuestas que da Elebide, organismo oficial que dice trabajar para «garantizar» los derechos lingüísticos.

Baztarrika, para garantizar los derechos, en vez de dedicar sus esfuerzos a copiar iniciativas ya existentes, debería dedicarse a hacer política, no márketing; POLÍTICA. Los derechos, en su totalidad y en todas sus facetas, deben tener protección jurídica, protección negada hoy en día en nombre del consenso.

5.- El euskara se puede normalizar fundamentalmente a base de subvenciones. Vía inversiones se hacen amigos para perpetuarse en el poder. Que la Administración pague a una empresa para conseguir que garantice un derecho es regalar el dinero público. La política lingüística, al igual que todas las políticas institucionales, independientemente del objetivo que se pretenda, tiene dos instrumentos fundamentales: la norma y la inversión. La inversión da amigos y votos, pero tiene unos límites muy definidos a la hora de sustentar un cambio social. La norma, en cambio, es imprescindible para garantizar los derechos. Es fundamental equilibrar norma e inversión para conseguir una política adecuada. Sin normativa específica, los derechos no los garantiza ni Elebide, que así le luce el pelo. Por eso es fundamental equilibrar norma y subvención.

6.- Se puede normalizar el euskara sin plazos definidos, actuando progresivamente. Por definición, todo proceso social que pretende un cambio profundo es progresivo. Por lo tanto, en materia de política lingüística, decir que las actuaciones serán progresivas equivale prácticamente a no decir nada. Sin embargo, se subraya una y otra vez que para recuperar el euskara se debe trabajar progresivamente, que se debe ir poco a poco, y se usa el concepto como escudo para invalidar las críticas referentes a la lentitud del proceso. El concepto de progresividad funciona como un elemento de defensa institucional que ha invadido los textos jurídicos, dotándoles de una ambigüedad calculada en lo referente a los plazos. Por otra parte, el concepto de progresividad necesita, para tener sentido, un comienzo y un fin. Y hoy es el día en que elementos fundamentales del proceso de normalización lingüística no tienen ni principio ni fin y, por lo tanto, no progresan.

Retomamos el ejemplo de las etiquetas. Un trabajo serio, una política consecuente, debe marcarse un plazo final y definir unos plazos intermedios para regular y poder evaluar la progresión. Así pues, imaginemos que nos fijamos un plazo de 3 años para que las etiquetas de todos los productos que se comercializan en Euskal Herria se emitan por lo menos en euskara: el primer año ciertos productos, los de mayor consumo creados en Euskal Herria; el siguiente, productos de gran consumo creados fuera; y el tercero, todos los restantes. No es más que un ejemplo, por supuesto. Ésta sí sería una política lingüística progresiva: conocemos el final del proceso y podemos evaluar el desarrollo. Hoy no tenemos final del proceso, no tenemos metas intermedias, los esfuerzos que hacen las empresas de manera voluntaria los capitaliza la Administración y ésta se defiende de las críticas diciendo que trabaja progresivamente, llamando maximalistas a los que critican esta lamentable situación.

7.- La exigencia del conocimiento del euskara en la función pública es discriminatoria. Ante las críticas de la ciudadanía por no recibir la atención de la Administración en euskara, los responsables institucionales nos cuentan que hay una pugna de derechos entre los lingüísticos y los de los trabajadores. Curiosamente, esa pugna se resuelve siempre en contra de los lingüísticos. Tenemos multitud de recursos de ciertos sindicatos, que luego dicen trabajar en favor del euskara, cuyo objetivo es retirar de las oposiciones en lo posible la petición de conocimiento de la lengua. Se negocia cuánto puntuar el conocimiento del euskara como mérito, casi siempre por debajo del máximo permitido por la ley, o se negocian porcentajes de preceptividad (número de trabajadores que tienen que saber euskara). Estos sindicatos, con el favor de la Administración, se ocupan con especial dedicación e intensidad para que sus afiliados no vascoparlantes no sean «discriminados».

La Administración pública es un servicio a la ciudadanía y, por lo tanto, de ninguna manera debería ser conculcadora de derechos. No hay ninguna razón para contratar personas desconocedoras de las lenguas oficiales. ¿Qué Administración contrata para un puesto de abogado a una persona que no ha estudiado abogacía con la esperanza de que lo haga después de contratarlo liberándolo para ello con el gasto que esto supone? Hoy en día el funcionario que no sabe euskara no es apto para la función pública, y eso no es discriminar, es la realidad. Yo no sé hablar en alemán, lo reconozco, y si la Administración alemana no me contrata arguyendo que no sé hablarlo, no me está discriminando, simplemente me dice que no puedo atender a los ciudadanos con un mínimo de garantía.

La euskaldunización de las Administraciones o es inexistente o tiene graves problemas estructurales: gran parte de la plantilla, exenta de la obligación de aprender; inexistencia de circuitos que trabajen en euskara; continúan contratando personas desconocedoras del euskara; y los planes fracasan continuamente. Mientras no se solucione esto, los verdaderos discriminados somos nosotros, los sufridores vascoparlantes.

8.- El incremento del conocimiento de la lengua asegura su normalización. Terminamos rompiendo el mito. Durante años se nos ha hecho creer que el incremento del conocimiento del euskara nos llevaría automáticamente a su normalización. La gran apuesta han sido las nuevas generaciones; muchos adultos han creído que eran una generación perdida y que mandando a los niños y niñas a la escuela ganaríamos el futuro.

Las políticas lingüísticas han descuidado de manera escandalosa un pilar fundamental de cualquier proceso de normalización como es, fundamentalmente, la euskaldunización de espacios sociales, así como del ámbito sociolaboral. Las personas y los espacios son indisolubles, no hay comunicación interpersonal sin espacios sociales. La única manera de no perder lo ganado es crear circuitos de utilización para integrar a los nuevos euskaldunes, facilitarles vivir en euskara, y eso nunca es fruto exclusivamente de la voluntariedad, sino de la política.

El márketing institucional funciona. Utiliza palabras que todo el mundo acepta: consenso, progresividad, voluntariedad... Palabras que esconden una conculcación sistemática de los derechos lingüísticos, que esconden una política lingüística incapaz de normalizar nuestra lengua y un nulo interés por acabar con el sufrimiento; sí, ciertamente, SUFRIMIENTO, que supone intentar vivir en euskara en Euskal Herria.

Urge revelarse, urge implicarse, urge cambiar de actitudes.

Levántate y anda.