Los trabajadores de la ONCE hemos sufrido en los últimos cuatro años una perdida aproximada de un 10% del poder adquisitivo. A esto hay que añadir que las primas por productividad están situadas en cotas inalcanzables para la mayoría de los vendedores, lo que da lugar a que un número importante de éstos no supere los 800 euros de salario.

En los últimos años ha aumentado de manera considerable la precariedad en nuestras condiciones de trabajo, con traslados forzosos, jornadas de venta de más de diez horas y eventualidad de dos y tres años, que condiciona la continuidad en la empresa a criterios de rentabilidad que lleva a la rescisión del contrato en caso de no alcanzar la productividad exigida, obviando el carácter y la finalidad social de la ONCE. Todo lo anterior se traduce en una enorme presión para los vendedores de nueva contratación, que se ven obligados a realizar prácticas de ventas cercanas a la indignidad para alcanzar la rentabilidad exigida por la empresa.

La ONCE, que en los últimos años se ha visto favorecida por leyes que permiten la prejubilación de trabajadores con un ahorro muy importante en materia salarial para la empresa, pone en práctica la congelación salarial para los trabajadores, mientras algunos directivos se creen con derecho a subirse unos cuantos euros más al mes por realizar una gestión que, gracias a las subvenciones gubernamentales, a duras penas se mantiene a flote.

Por este motivo, la sección sindical de LAB en la ONCE pide a las instituciones correspondientes que ejerzan un mayor control para que los abusos de todo tipo no ocurran en una organización de carácter social como la ONCE.

LAB reivindica un marco de negociación colectiva ceñido al ámbito de Euskal Herria para que las condiciones de trabajo y ejercicio sindical no estén condicionadas por los intereses políticos, económicos y de poder de los directivos de la ONCE y de los liberados de su sindicato acólito, UGT.