Lejos de mejorar, la situación en Tailandia es cada vez más complicada. Ayer, tras los graves enfrentamientos entre partidarios y opositores al Gobierno, que causaron al menos un muerto y más de cuarenta heridos, el primer ministro, Samak Sundaravej, decretó el estado de emergencia en la capital, Bangkok, lo que confiere amplios poderes al Ejército, que podrá practicar detenciones en cualquier lugar, desplegar sus tropas como refuerzo a la Policía, prohibir las reuniones de más de cinco personas, y censurar las noticias que «causen el pánico o atenten contra la seguridad pública».

Samak alegó que «no tenía otra opción» para salir de la crisis, aunque sea momentáneamente. «Voy a intentar solucionar los problemas lo antes posible. Esta es la vía más moderada para recuperar la paz en el país. Nadie tiene derecho a hacer semejantes cosas», subrayó en una intervención televisada.

Las protestas comenzaron el 26 de agosto cuando opositores al Gobierno, encabezados por la Alianza del Pueblo para la Democracia (PAD) ocuparon la sede gubernamental para exigir la dimisión de Samak y de su Gabinete, al que acusan de corrupción, de deslealtad a la Corona y de ser un mero títere al servicio del ex primer ministro Thaksin Shinawatra, exiliado en Gran Bretaña. Apoyada por la elite conservadora y sectores del Ejército, la alianza, que explota la propaganda monárquica, pretende que el rey designe un Gobierno de transición.

El 29, la Policía intentó desalojar a los manifestantes pero se echaron para atrás. La multitud bloqueó entonces dos aeropuertos regionales. Al día siguiente, tras reunirse con el rey, Samak descartó su dimisión. El conflicto se recrudeció poco después de la medianoche de ayer, cuando partidarios del Gobierno, armados con palos y tirachinas, arremetieron contra un grupo de militantes del PAD, que habían tomado la oficina del primer ministro. Imágenes de televisión mostraron decenas de heridos sangrando en el suelo,

Ante la declaración del estado de emergencia, el jefe del Ejército, Anupong Paojinda, mantuvo una posición distante al afirmar de manera insistente que se trata de un conflicto «político» en cuya resolución no deben intervenir los militares. Aseguró que no darán un golpe de Estado como hicieron hace casi dos años para deponer a Thaksin.

En respuesta a esta medida, el ex general del Ejército, antiguo gobernador de Bangkok y uno de los dirigentes del PAD Chamlong Srimuang subrayó ante miles de manifestantes que «no hay suficientes prisiones en el país para meternos a todos».

En este complicado panorama político, la Comisión Electoral pidió la disolución del gubernamental Partido del Poder del Pueblo (PPP) ante las denuncias de compra de votos en las pasadas elecciones de diciembre.

Esta «recomendación» no acarrea ninguna medida inmediata contra el PPP, ya que primero deberá ser examinada por la Fiscalía. Si da su visto bueno a la demanda y la traslada al Constitucional, Samak y otros líderes de la formación podrían verse inhabilitado como políticos durante un plazo de cinco años.