El dato del paro de agosto no sería especialmente malo si no fuera porque se inscribe en un contexto de debilidad económica que está influyendo negativamente en la evolución del empleo y está causando un importante aumento del paro acumulado en los últimos meses. En concreto, el paro registrado en Hego Euskal Herria afecta ya a 106.368 personas, es decir, un 10,8% más que en agosto del 2007.

Tampoco sería un mal dato si no fuera porque alrededor de 3.900 personas han perdido su puesto trabajo, su medio de vida (en agosto se redujo en 325 el número de personas inscritas en el INEM pero sin empleo anterior). Muchas de estas personas ni siquiera podrán acceder a las prestaciones por desempleo.

Por el contrario, la clase empresarial sí ha sabido sacarle partido a la crisis. Las distintas administraciones (central, autonómicas y diputaciones) compiten en «liderazgo» y anuncian un día sí y otro también medidas para reactivar la economía.

La lista parece interminable: rebaja de impuestos a las empresas, reformas fiscales regresivas, ayudas financieras a la inversión privada, promoción del capital multinacional, apoyo a nuevos emprendedores, liberalización de sectores y privatización de servicios públicos, impulso de la inversión pública en infraestructuras del trasporte que agravan un modelo económico insostenible,...

Pero todos los «planes anti-crisis» son calificados de insuficientes por la patronal que sigue reivindicando con insistencia nuevas rebajas en el Impuesto de Sociedades, reducción de las cotizaciones sociales y una nueva vuelta de tuerca a la moderación salarial; y ello a pesar de que los salarios pierden peso en el reparto de la riqueza generada y las actualizaciones salariales no son ni de lejos las culpables de las actuales tensiones inflacionistas.

Mientras tanto, una vez más pretenden reservar la cruz de la moneda a la clase trabajadora, a la que se niega incluso el derecho a resarcirse de la pérdida de poder adquisitivo provocada por la evolución del índice de precios en general, y en particular por el encarecimiento de las hipotecas y los alimentos básicos.

Más allá de las poses y los lavados de imagen ¿a que esperan para adoptar medidas eficaces contra la siniestralidad laboral? ¿Para cuando un plan efectivo de lucha contra la precariedad que corrija los actuales niveles de temporalidad? ¿Para cuando un plan de igualdad que elimine la discriminación en el trabajo?

Y si no fuera suficiente con el contexto local, otra amenaza se cierne sobre nuestras cabezas: la directiva europea sobre el tiempo de trabajo, que pretende agravar la flexibilización laboral hasta extremos insospechados atacando el derecho a la negociación colectiva e individualizando las relaciones laborales.

Todas estas circunstancias exigen ya una respuesta contundente, sin duda. Pero cuando se hable de «otoño caliente» habrá que señalar con el dedo a quien atiza el fuego.