Operación policial en Nafarroa
La Guardia Civil embistió con un Patrol a Alberto López e Interior ocultó durante cinco días incluso su hospitalización
Hoy cumplirán cuatro -Maider Caminos- y tres días incomunicados -Amaia Legarra, Maitane Intxaurraga y Noé López- los últimos detenidos por la Guardia Civil. Ayer, intentaron arrestar a dos personas más en Lesaka y Elizondo. Hasta ayer no se supo que el iruindarra Alberto López Iborra fue detenido el miércoles, que los guardias civiles provocaron un accidente cuando conducía su vehículo y que tuvo que ser hospitalizado en Iruñea.
Asier V. MENDIZABAL-Gari MUJIKA | IRUÑEA
Alberto López Iborra, encarcelado desde el lunes en Soto del Real, informó ayer a su defensa de que la Guardia Civil lo detuvo el miércoles pasado en el Polígono Landaben de Iruñea sobre las 18.00, después de que los agentes provocasen un accidente al embestir uno de sus Patrol contra su coche por detrás, por lo que el joven iruindarra sufrió diversas lesiones. Poco después fue ingresado de urgencia en el Hospital Virgen del Camino de la capital navarra. López Iborra, que permaneció cinco días en manos de los guardias civiles, ha denunciado haber sido objeto de «brutales torturas». Mientras, cuatro navarros siguen incomunicados en Madrid; entre ellos, Noé López, hospitalizado hasta ayer.
Sólo después del encuentro que mantuvo ayer la defensa con López Iborra se pudo saber que la detención del joven de Iruñea se practicó el pasado miércoles (en el dossier informativo que emitió ayer el Ministerio de Interior señalan que su arresto se realizó el 24 de agosto) y que la Guardia Civil provocó un accidente para apresarle. El choque, según el testimonio que facilitó Askatasuna, ocasionó varias lesiones al joven, pero aun así fue conducido al acuartelamiento del instituto militar. Una vez allí, «comenzó a vomitar sangre y tenía dolores en el costado». Por ello, sobre las 21.00, los militares decidieron trasladarlo al Hospital Virgen del Camino, donde permaneció hasta las 23.00. Le realizaron varias placas y le administraron suero, además de varios medicamentos para mitigar el dolor.
«La bolsa», golpes, ejercicios...
Poco después, López Iborra fue llevado a presenciar el registro de su domicilio, en el que, según el testimonio del propio detenido, no hubo ningún otro testigo presencial. Al parecer, reside en una zona de viviendas nuevas donde apenas cuenta con vecinos, lo que facilitó que el registro se llevase a cabo sin conocimiento de nadie.
El joven ya denunció el lunes ante el juez Grande-Marlaska que durante su cautiverio ha sido torturado por los agentes del instituto militar. En el citado testimonio, López Iborra explica que, al llegar a Madrid, «en el patio del cuartelillo, los guardias civiles le insultaron, gritaron y amenazaron mientras le propinaban golpes en la cabeza». También le golpeaban de forma continuada durante los incesantes interrogatorios, pero «siempre cuidando de no dejarle marcas».
Sesiones de «la bolsa», golpes en la cabeza y por el cuerpo, en los testículos, obligación de permanecer de pié durante los primeros dos días, cinco días con las luces encendidas y una misma sintonía sonando en el calabozo, amenazas con la práctica denominada como «la bañera» y la obligación de realizar ejercicios físicos han sido algunos de lo métodos de tortura que ha denunciado.
En su denuncia el joven afirma que durante los cinco días de incomunicación le obligaron a aprenderse de memoria dos declaraciones policiales y que «el guardia civil que le tomó declaración tenía las preguntas y las respuestas preparadas con anterioridad, ya redactadas». Negó todas las acusaciones ante Grande-Marlaska.
El testimonio también recoge que le hicieron creer que su compañera sentimental estaba detenida y que, en caso de que no realizase las declaraciones policiales tal y como le hicieron aprender, «le torturarían aún más».
Ayer, seis días después de que López Iborra fuese arrestado, fue la primera vez que el Ministerio español de Interior informó de la redada. Pero el operativo policial no ha cesado. Ayer mismo, la Guardia Civil irrumpió en dos viviendas de Lesaka y Elizondo en un intento de arrestar a otras dos personas. Ante su ausencia, registraron los domicilios.
Según los datos recabados por este diario, son cuatro las personas que el instituto militar intenta detener.
Visita del médico desde el lunes
En la mañana de ayer se supo también que el joven de Barañain Noé López, ingresado el domingo en el Hospital Virgen del Camino, fue trasladado a Madrid, donde, según Interior, están las otras tres arrestadas.
GARA ha podido saber que que desde el lunes por la noche los médicos de confianza visitan a los detenidos acompañados por el forense, pero pasaron dos días sin que se aplicase esa medida pese a ser aceptada por el juez Fernando Andreu durante el fin de semana.
Por otro lado, familiares de estos cuatro detenidos acudieron ayer a la oficina del Defensor del Pueblo de Nafarroa, Javier Enériz, para exigirle que solicite «la derogación de la legislación antiterrorista que permite el periodo de incomunicación». No pudieron mantener el encuentro dado que Enériz se encontraba ausente.
Un tío de Maider Caminos, Enrique Miranda, denunció a la salida que temen que durante el periodo de incomunicación sus familiares estén siendo torturados «como en otras ocasiones», y consideró que «se ha demostrado insuficiente» la aplicación del «protocolo Garzón». «Si el Ararteko no puede reclamar a las FSE que tienen su ámbito de actuación en Nafarroa un comportamiento acorde con los derechos fundamentales recogidos en la Constitución, realmente no nos sirve», denunció.
En exigencia del respeto de los derechos de los detenidos, como cada día desde el inicio del operativo, decenas de personas volvieron a protestar. Así, en Arbizu fueron 240 los que se manifestaron; 500 en Barañain, 80 en Elizondo; 50 en Berriozar; 150 en Basaburua, y 70 en Zizur.
El Ayuntamiento de Basaburua aprobó la noche del lunes una moción en denuncia del operativo que se está desarrollando en el herrialde. Amaia Legarra, concejala abertzale de la localidad, es una de las que aún sigue en manos de la Guardia Civil. Además de denunciar su arresto y mostrar la solidaridad con sus allegados, la Corporación exigió la inmediata puesta en libertad de Legarra y el respeto a sus derechos. El texto recoge un «emplazamiento directo al Parlamento de Navarra, al Gobierno de Navarra y a los partidos políticos navarros para que den pasos efectivos y reales» para garantizar el respeto de esos derechos. Por su parte, el grupo electoral Erreniega de Zizur también denunció las detenciones.
G.M.
La delegada del Gobierno español en Nafarroa, Elma Sáiz, se congratuló del operativo policial desarrollado en el herrialde y mostró su «agradecimiento» a la Guardia Civil.
El Consejo de la Juventud de Nafarroa emitió un comunicado para denunciar el régimen de incomunicación y exigió que se respeten los derechos de los detenidos.
La Comisión de Personal del Organismo Autónomo de Escuelas Infantiles Municipales de Iruñea mostró su preocupación por la detención de su compañera Amaia Legarra y se solidarizó con sus familiares.
El ministro español de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, compareció ayer por primera vez ante los medios desde que en la madrugada del 24 de agosto la Guardia Civil iniciara la operación policial que, por ahora, se ha saldado con siete detenciones y quince registros. El ministro informó de las acusaciones concretas que se les imputan a los detenidos.
Sobre lo que el Ministerio de Interior no informó fue que dos de los detenidos tuvieron que ser hospitalizados en la capital navarra -es el caso de Alberto López Iborra y Noé López-, de que uno de ellos ha permanecido en manos del instituo militar desde el pasado miércoles sin que dieran cuenta de ello a nadie o de las brutales irrupciones que ha llevado a cabo a la hora de practicar las detenciones y los registros domiciliarios.
La operación dirigida por el juez Grande-Marlaska tiene su origen, según Interior, en unas investigaciones policiales previas. El resultado, según esa versión, ha sido «la desarticulación de un `talde' o grupo autor de diversos sabotajes y acciones de violencia callejera en los últimos meses» y «el descubrimiento de parte de la estructura de Ekin en Navarra».
Una semana después de que Luis Goñi y Xabier Sagardoi ingresaran en prisión sin acusación concreta, ahora les imputan ocho actos de kale borroka. La mayor acusación pesa contra el iruindarra de 35 años Alberto López Iborra, al que las fuentes policiales lo definen como «el responsable del grupo».
Los actos imputados son los siguientes: lanzamiento de cócteles molotov contra Correos de Barañain el 21 de diciembre de 2007; dos cortes de catenaria, en Etxarri-Aranatz y en Urdiain, el 28 de diciembre; lanzamiento de botes con pintura contra la sede del PSN de Barañain el 1 de marzo de 2008; lanzamiento de cócteles molotov contra una patrulla de la Policía Foral en Iruñea el 9 de marzo -cabe destacar que el iruindarra Hodei Ijurko está encarcelado desde marzo acusado de ese mismo hecho-; explosión de un artefacto en el Juzgado de Paz de Berriozar el 23 de junio; sabotaje e incendio contra un transformador eléctrico en Barañain el 26 de junio; y corte de catenaria en Unzue el 25 de julio. Interior asegura que «empleaban procedimientos idénticos a los utilizados por los miembros legales de la banda terrorista ETA», entre los que cita expresamente la «reivindicación de sus acciones a través del diario GARA». Repasando la hemeroteca, este diario puede confirmar que sólo recibió la reivindicación de la acción del 9 de marzo y que muchos de los ataques citados no han sido publicados en este medio.
A las cuatro personas que aún siguen en manos de la Guardia Civil -Maider Caminos, Amaia Legarra, Maitane Intxaurraga y Noé López- se les acusa de pertenecer a Ekin.
G.M.
