EEl artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos estipula que «Toda persona tiene derecho a un nivel de vida suficiente para garantizar su salud, su bienestar y los de su familia, especialmente para la alimentación, el vestido, el alojamiento, la sanidad y los servicios sociales básicos». El fuerte aumento del precio de los alimentos básicos, especialmente importante en el primer semestre de 2008, amenaza directamente la supervivencia de cientos de millones de personas.

El derecho a la alimentación, ya seriamente maltratado por varios decenios de recetas neoliberales, está más amenazado todavía.

Tras un descenso muy importante de los precios de los bienes primarios -materias primas y alimentos- durante más de veinte años, en el segundo semestre de 2001 la tendencia dio un vuelco. En primer lugar en el sector energético y de los metales; a continuación, la subida de los precios atacó a los productos alimenticios. Las subidas fueron desorbitadas. Entre 2007 y 2008, en un año, los precios del arroz y el trigo se duplicaron y el del maíz subió más de un tercio. De un golpe, el 27 de marzo de 2008, el precio del arroz, que es el alimento básico de la mitad de la población mundial, subió un 31%. En 2008, la factura de cereales aumentará un 56%, después de una subida del 37% en 2007. El barril de petróleo llegó a 146 dólares en julio de 2008; la onza de oro, a 1.000 dólares en marzo de 2008; y el celemín de maíz, a 7,5 dólares en junio de 2008; marcas que ilustran la tendencia de casi todas las materias primas.

A raíz de las actuaciones simultáneas de las multinacionales de los negocios agrarios, los gobiernos adeptos al neoliberalismo y el dúo BM/FMI, las existencias de cereales llegaron al nivel más bajo desde hace un cuarto siglo. En 2008, ante el riesgo de perder sus remanentes, algunos países productores limitaron o incluso detuvieron sus exportaciones, como Rusia con los cereales o Tailandia con el arroz, para que la producción permanezca en el mercado nacional. El precio de una comida subió escandalosamente. En más de treinta países, de Filipinas a Egipto y Burkina Faso, de Haití a Yemen y Senegal, pasando por México, las poblaciones se lanzaron a las calles para gritar su cólera y las huelgas generales se multiplicaron.

Las explicaciones que se exponen, a menudo se presentan de manera efectiva: desarreglos climáticos que reducen la producción de cereales en Australia y Ucrania, brutal aumento del precio el petróleo que repercute en los transportes y por consiguiente en las mercancías, o también la demanda creciente de China y la India (lo que explica por qué los productos poco deseados por estos dos países, como el cacao, no han experimentado la misma subida de precios). Pero muchos comentaristas han rechazado cuestionar el contexto económico en el que se producen estos fenómenos. Así, Louis Michel, comisario europeo responsable del desarrollo y la ayuda humanitaria, temía, sobre todo, «un auténtico terremoto económico y humanitario» en África. La expresión es ambigua, ya que la imagen del terremoto se refiere a una catástrofe natural que nos sobrepasa y redime demasiado fácilmente a una serie de responsables.

También, demasiado a menudo, se subestiman otras tres explicaciones al respecto:

Primera. Frente a un precio de los cereales históricamente bajo hasta 2005, las grandes empresas privadas de los negocios agrarios consiguieron que los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Europea subvencionaran la industria de los «agrocarburantes». Estas grandes empresas querían ganar en dos frentes: vendiendo sus cereales más caros y rentabilizando la producción de biocombustibles. Y lo han conseguido.

¿Como actuaron? Se basaron en la siguiente hipótesis: lo que el petróleo impedirá hacer dentro de algunos decenios (debido a la reducción de las reservas disponibles), la soja, la remolacha (convertidas en biodiesel), los cereales o la caña de azúcar (transformados en etanol) deberán estar en condiciones de permitirlo. Por lo tanto, pidieron a las autoridades públicas que asignaran subvenciones para que la onerosa producción de biocombustibles se volviera rentable. Washington, la Comisión Europea (Bruselas) y otras capitales europeas aceptaron con el pretexto de garantizar la seguridad energética de sus países o regiones. [Señalamos, una vez más, la «política del doble rasero»: para garantizar la seguridad energética, los gobiernos del Norte no dudan en subvencionar la industria privada, mientras que -a través del Banco Mundial, el FMI y la OMC- niegan el derecho de los gobiernos del Sur a subvencionar a sus productores locales, tanto en la agricultura como en la industria].

Esta política de subvenciones desvió hacia la industria de los agrocombustibles grandes cantidades de productos agrícolas esenciales para la alimentación. Por ejemplo, 100 millones de toneladas de cereales se excluyeron del sector alimentario en 2007. La oferta disminuyó de forma importante y los precios se dispararon. Del mismo modo, tierras destinadas a la producción de alimentos se reconvirtieron en tierras de cultivo para agrocombustibles. Esto también disminuye la oferta de productos alimentarios y hace que suban los precios. En resumen, para satisfacer los intereses de grandes sociedades privadas que quieren desarrollar la producción de biocombustibles, se decidió arramplar con producciones agrícolas que el mundo necesita para alimentarse.

Incluso las instituciones internacionales se alarmaron por la situación. Un informe del Banco Mundial consideraba que los desórdenes climáticos y la demanda creciente de Asia tuvieron menos impacto. En cambio, según dicho informe, el desarrollo de los agrocombustibles originó un alza de los precios de los alimentos del 75% entre 2002 y febrero de 2008, sobre el 140% de subida global, mientras que la subida de los precios de la energía y los abonos sólo es responsable de un 15%.

Esta estimación es mucho más elevada que el 3% anunciado por la Administración estadounidense. Según el Banco Mundial, este estallido de los precios ya habría costado 324.000 millones de dólares a los consumidores de los países pobres y podría hundir a 105 millones más de personas en la pobreza (Ver www.cadtm.org/ spip.php?article3518).

Este informe afirma que «la producción de biocarburantes desordenó el mercado de los productos alimentarios de tres maneras principalmente: en primer lugar, [la demanda de biocarburantes] orienta la producción de trigo hacia el etanol y no hacia la alimentación; a continuación, actualmente casi un tercio del maíz que se produce en Estados Unidos se utiliza para la producción de etanol y alrededor de la mitad de los aceites vegetales (colza, girasol y otros) para biodiesel; y, finalmente, esta dinámica alcista atrajo la especulación sobre los cereales». Para no contrariar al presidente Bush, el Banco Mundial no publicó el informe. Una filtración de la prensa permitió que se conociera (ver «Secret report: biofuel caused food crisis» (Informe secreto: el biocombustible responsable de la crisis alimentaria) «The Guardian», 4 de julio de 2008, www.guardian.co. uk/environment/2008/jul/03/biofuels.renewableenergy).

«Es un crimen contra la humanidad la conversión de los cultivos alimentarios en cultivos energéticos destinados a arder en forma de biocarburantes» (Jean Ziegler, entonces Ponente de la ONU sobre el Derecho a la alimentación, octubre de 2007)

Algunos días después, la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) publicaba, a su vez, un informe que proponía una moratoria sobre los agrocombustibles y una reestructuración total de las políticas en la materia, a la vez que estigmatizaba el alto coste de los combustibles de origen vegetal y su dudoso beneficio medioambiental [ver informe OCDE, «Évaluation économique des politiques de soutien aux biocarburants», 16 de julio de 2008, www.oecd.org/ dataoecd/20/14/41008804.pdf]. La OCDE incluso señalaba que «las nuevas iniciativas políticas no hacen más que agravar los problemas existentes», puesto que los precios agrícolas suben y aumentan el riesgo de hambre para las poblaciones más pobres de los países en desarrollo. A pesar de todo, las previsiones señalan una duplicación de la producción de agrocombustibles en los próximos diez años.

«El desarrollo y la expansión del sector de los biocarburantes contribuirán al alza de los precios de los productos alimenticios a medio plazo y al aumento de la inseguridad alimentaria de los sectores de población más desfavorecidos de los países en desarrollo» (OCDE) [«La OCDE, muy crítica con los biocarburantes, promueve una moratoria», despacho AFP, 16 de julio de 2008].

Segunda. La especulación sobre los productos agrícolas fue muy fuerte en 2007 y 2008, acentuando un fenómeno que comenzó a principios de los años 2000 tras el estallido de la burbuja de Internet. Después de la crisis de las subprimes, que explotó en Estados Unidos durante el verano de 2007, los inversores institucionales (apodados en francés «zinzins») se retiraron progresivamente del mercado de las deudas construido de forma especulativa a partir del sector de los bienes inmuebles estadounidenses y se fijaron en el sector de los productos agrícolas e hidrocarburos como probable abastecedor de interesantes beneficios [Los principales inversores institucionales son los fondos de pensiones, las sociedades de seguros y los bancos; disponen de 60 billones de dólares que colocan donde es más rentable. También son muy activos los hedge funds (fondos especulativos libres), que pueden movilizar 1,5 billones de dólares]. Así compran las futuras cosechas de productos agrícolas en las Bolsas de Chicago y Kansas City, que son las principales bolsas mundiales donde se especula con los cereales. De la misma forma, en otras Bolsas de materias primas compran las futuras producciones de petróleo y gas especulando con la subida.

Es decir, los mismos que provocaron la crisis en EEUU con su avaricia, especialmente aprovechando la credulidad de familias poco solventes que pretendían convertirse en propietarias de una vivienda (el mercado de las subprimes), jugaron un papel muy activo en la fuerte subida de los precios de los hidrocarburos y productos agrícolas. De ahí la extrema importancia de cuestionar la omnipotencia de los mercados financieros.

Tercera. Los países en desarrollo están especialmente desprotegidos ante la crisis alimentaria, ya que las políticas impuestas por el FMI y el Banco Mundial desde la crisis de la deuda los han privado de la protección imprescindible. Reducción de las superficies destinadas a cultivos alimentarios y especialización en uno o dos productos para la exportación, desaparición de los sistemas de estabilización de los precios, abandono de la autosuficiencia de cereales, reducción de las reservas de cereales, debilitamiento de las economías por una extrema dependencia de las evoluciones de los mercados mundiales, fuerte reducción de los presupuestos sociales, supresión de las subvenciones a los productos básicos, apertura de los mercados y apertura a la competencia injusta de los pequeños productores locales contra sociedades multinacionales... Maestras en el arte del escaqueo, las instituciones cuestionadas reconocen algunos errores para permanecer mejor en el centro del juego internacional. Pero un tímido mea culpa en un informe semiconfidencial no puede ser suficiente, ya que cometieron el crimen de imponer un modelo económico que, de forma deliberada, privó a las poblaciones pobres de las protecciones imprescindibles y las dejó a merced de la codicia de los especuladores más salvajes. Lejos de preocuparse por la miseria galopante que contribuye a extender, el Banco Mundial parece preocupado, sobre todo, por los desórdenes sociales que podrían amenazar la globalización neoliberal que, por su propia estructura, genera pobreza, desigualdades y corrupción, e impide cualquier forma de soberanía alimentaria.

La orientación propuesta desde hace años por Vía Campesina, organización internacional de los movimientos campesinos, constituye una respuesta a la crisis: «Para garantizar la independencia y la soberanía alimentaria de todos los pueblos del mundo, es fundamental que los alimentos se produzcan en el marco de sistemas de producción diversificados, de base campesina. La soberanía alimentaria es el derecho de todos los pueblos a definir sus propias políticas agrícolas y, en cuanto a alimentación, a proteger y regular la producción agrícola nacional y el mercado interno con el fin de lograr objetivos sostenibles, decidir en qué medida buscan la autosuficiencia sin deshacerse de sus excedentes en terceros países practicando el dumping. [...] No se debe primar el comercio internacional sobre los criterios sociales, medioambientales, culturales o de desarrollo» (Vía Campesina) [Vía Campesina, en Rafael Díaz-Salazar, Justicia Global. Las alternativas de los movimientos del F oro de Porto Alegre , Icaria editorial e Intermón Oxfam, 2002, p. 87 y 90].

Traducido por Caty R. Caty R. pertenece a los colectivos de Rebelión, Cubadebate y Tlaxcala.