Hace un año, en el mismo escenario del palacio de Miramar, el lehendakari Juan José Ibarretxe anunció que en lo que quedaba de legislatura pretendía «impulsar y liderar» un debate en torno «al principio ético de todos los derechos humanos para todas las personas» y también sobre el «principio democrático de la capacidad de decisión de la sociedad vasca». Para ello propondría medidas «con el rotundo apoyo de las tres formaciones políticas que están en el gobierno» para «tejer mayorías, impulsar debates» y finalizar el proceso «como tiene que acabar en democracia cualquier iniciativa, con una consulta democrática a la sociedad para decidir su futuro».

Roto el proceso negociador entre ETA y el Estado español y las conversaciones entre la izquierda abertzale, el PNV y el PSOE, el lehendakari volvía a retomar protagonismo en torno a un proyecto de consulta que ha sido en buena medida el eje de la política vasca durante los últimos doce meses. Las tesis de Juan José Ibarretxe se habían impuesto en el PNV a las del entonces presidente del EBB, Josu Jon Imaz, que de manera sorprendente había criticado en julio en un artículo de prensa la necesidad y la validez de esa consulta.

Por eso, entre el avance que el 31 de agosto hizo Ibarretxe en Miramar y su concreción en plazos y fechas en el Pleno de Política General del 28 de setiembre 2007, Imaz anunció su decisión de no optar a la reelección como presidente del EBB. Los compromisos posteriores entre sectores jeltzales auparon a ese puesto a Iñigo Urkullu, pero con una ponencia política que respalda los pasos que pretendía dar el lehendakari.

Este año Juan José Ibarretxe ha decidido abrir el curso político con el anuncio de la puesta en marcha de una iniciativa ciudadana de denuncias ante el Tribunal de Estrasburgo, al entender que impedir la celebración de la consulta el próximo 25 de octubre conculca derechos recogidos en convenios europeos, admitiendo por fin que el TC no lo iba a aceptar. Desde la aprobación en el Parlamento de la Ley de Consulta con un voto de Ezker Abertzalea en el pleno del 27 de junio, todas las preguntas se habían centrado en conocer cuál sería la reacción del Gobierno de Lakua y los partidos que lo sustentan ante la más que previsible declaración de inconstitucionalidad de la misma.

Mientras el lehendakari optaba por negar la mayor, insistiendo hasta hace quince días en que no veía por qué el Tribunal Constitucional iba a impedir la consulta, los presidentes de EA y del PNV discrepaban públicamente sobre el calado de la respuesta al Estado español. Unai Ziarreta decía apostar por llevar a cabo la consulta pese a todo, proponiendo acciones de confrontación política con el Estado, pero Iñigo Urkullu repetía una y otra vez que el PNV acataría la decisión del Tribunal Constitucional, aunque ello no supondría que fueran a quedarse quietos. En todo caso, la dirección jeltzale no era partidaria de prácticas de confrontación y criticaba a quienes -en referencia a EA- hacían poses radicales sabiendo que finalmente esas respuestas no se darían y, por tanto, tampoco tendrían que hacer frente a sus consecuencias.

En esta pugna, la decisión de promover una iniciativa ciudadana ante el Tribunal de Estrasburgo como única respuesta a la prohibición de la consulta -al margen de alguna otra declaración y de la convocatoria de algún acto público todavía por concretar- queda lejos no sólo de los planes de Eusko Alkartasuna, sino también, probablemente, de los deseos de mayor contundencia del propio lehendakari y de un sector del PNV.

Mucho se ha hablado en los últimos días de la inviabilidad jurídica del recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por diversas cuestiones de orden meramente técnico. De hecho, juristas que se han pronunciado públicamente en favor de las tesis de Ibarretxe han declarado que esta apuesta no tiene recorrido legal. Por lo tanto, es imposible que los asesores jurídicos de Lehendakaritza no trabajen con la misma hipótesis. De ahí que parezca más razonable pensar que lo que el PNV busca con este movimiento no es ganarle un juicio al Estado, sino conseguir el mayor número de adhesiones posibles a la denuncia, tanto por lo que tendría de campanada política ante Europa como por lo que tiene de elemento movilizador en vísperas electorales.

Los jeltzales y sus socios ya saben que esta denuncia es como una botella con mensaje lanzada al mar; y al igual que ese S.O.S. es la última esperanza del náufrago aunque la intuya más que remota, la iniciativa ciudadana proporciona una válvula de escape a los muchos abertzales convencidos que han creído sinceramente en la apuesta de la consulta.

Sin embargo, a pocos de estos abertzales se les oculta que la denuncia ante Europa sería una buena iniciativa complementaria, pero no puede ser la única de un Gobierno y un Parlamento que han llegado hasta la aprobación de una ley. Todos sabían que el Tribunal Constitucional iba a prohibir la consulta y algunos apostaban por no dar esta vez la misma respuesta que en 2005, cuando tras el portazo del Congreso de los Diputados al Nuevo Estatuto Político se impuso la idea de guardarlo en el cajón del Parlamento -de donde nadie lo ha sacado todavía- y convocar elecciones.

Y jeltzales referenciales que habían apostado por la hoja de ruta del lehendakari caminan ahora entre decepcionados y confusos preguntándose qué ha pasado, cuándo han cambiado la partitura. Lo que ha pasado es bien sencillo, la mayoría del EBB ni quería ni aguantaba ya este ritmo y ha dicho «¡Hasta aquí hemos llegado!»: Ibarretxe ha cumplido su palabra de convocar la consulta y el PNV la suya de acatar la decisión del Constitucional y no quedarse quieto. Punto. No va más.

A la vista de los hechos, periódicos como «El Correo» no dudan en hacer alardes tipográficos en primera página sobre la sintonía del PNV con Zapatero, con quien próximamente pactarán los Presupuestos Generales del Estado y ya han acordado la entrada de Margarita Uria en el Consejo General del Poder Judicial. Para justificar estos pasos, los jeltzales hablan de pragmatismo, de la acuciante crisis económica y de la consecución de suculentas inversiones para la CAV.

El PNV se convirtió en la última fase del anterior Gobierno de Zapatero en uno de sus apoyos en el Congreso -presupuestos, reprobación de la ministra de Fomento...- y sigue ahora por el mismo camino.

Pese a lo que se diga en estas fechas, un presupuesto público es más que la suma de gastos e inversiones, es el diseño de una estrategia política de gobierno para un año. Es decir, apoyar un presupuesto es apoyar las líneas generales de gobierno de un Ejecutivo para ese ejercicio.

Por eso resulta contradictorio denunciar a un presidente del Gobierno, acusándole de que por su capricho personal se ha prohibido una consulta, lo que conculca los derechos de la ciudadanía vasca, y que el siguiente paso práctico sea salvarle los presupuestos. ¿A quién? ¿A quién viola la libertad de expresión, de reunión y el derecho de la ciudadanía a ser consultada?

El PNV alega a su favor las inversiones que obtiene en la CAV. ¿Cuántas de esas inversiones deberían ser ya gestionadas por el Gobierno de Lakua o las haciendas forales si todas las competencias del Estatuto de Autónoma estuvieran transferidas? ¿Por qué no se ejecutan y se descuentan del Cupo?

Por otra parte, no faltarán tampoco quienes se pregunten qué obtiene el PNV introduciendo una representante en el Consejo General del Poder Judicial, mientras el Tribunal Constitucional sigue demostrando su «evidente parcialidad» -en palabras de Ibarretxe- en lo relativo a la consulta, el Tribunal Supremo ilegaliza partidos vascos en contra de la decisión del Parlamento de Gasteiz y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco se apresta a juzgar al lehendakari, a dirigentes del PSE y a miembros de la izquierda abertzale por el mero hecho de hablar entre ellos.

¿Si un presidente del Gobierno ha cometido semejantes tropelías como para ser denunciado ante el Tribunal de Estrasburgo, tiene sentido que el denunciante se apreste luego a colaborar con él?

En este contexto deben afrontar Juan José Ibarretxe y el PNV la decisión de quién será el próximo candidato a Lehendakaritza. Tres son las cuestiones a dilucidar. Las dos primeras son si Ibarretxe quiere ser el candidato del PNV y si el PNV quiere que Ibarretxe sea su candidato. La tercera es para qué. Es decir, ¿para qué quiere Ibarretxe ser candidato del PNV y para qué quiere el PNV que Ibarretxe sea su candidato?

Juan José Ibarretxe accedió a la Lehendakaritza con la idea de que su misión era dar un salto cualitativo en el terreno del autogobierno. Carlos Garaikoetxea había sido el lehendakari encargado de poner en marcha la autonomía, José Antonio Ardanza el de asentar y desarrollar el entramado institucional y a él le correspondía elevar ese techo. Sus dos intentos -el Nuevo Estatuto Político, conocido como Plan Ibarretxe, y la consulta- no han llegado a buen puerto. Y no lo han hecho por la negativa del Estado español a abordar siquiera la cuestión, pero también por la falta de arrojo de su propio partido para llevar cada apuesta hasta sus últimas consecuencias. ¿Qué va a proponer ya Ibarretxe para ilusionar al electorado abertzale en la próxima campaña?

Por otra parte, a nadie se le oculta que Ibarretxe es hoy por hoy un buen cartel electoral para el PNV, pero es la imagen del tripartito y ha declarado en más de una ocasión que él no está dispuesto a presidir un mero gobierno de gestión en compañía del PSE. ¿Pueden PNV, EA, EB y Aralar sumar más votos que PSE y PP en las próximas elecciones autonómicas para garantizar la presidencia a Ibarretxe? ¿O podría otro candidato del PNV superar en votos o escaños al PSE para pasar a dirigir un gobierno de coalición con este partido?

¿Quiere el PNV seguir otros cuatro años con el «raca-raca» que diría Peridis u optará por un cambio de ciclo?

Son cálculos y decisiones que hoy por hoy no están cerrados. Las elecciones serán en marzo y un candidato no se improvisa. Juan José Ibarretxe no se ha pronunciado sobre su futuro, pero tampoco el partido le ha ofrecido continuar. Iñigo Urkullu no ha dicho nada al respecto en sus últimas declaraciones públicas (ni una palabra sobre el candidato en el inicio de curso de Zarautz) y cuando se le ha preguntado en entrevistas ha dejado abiertas todas las opciones.

Hoy parece difícil pensar en otro candidato que no sea Ibarretxe, aunque no sea santo de devoción para muchos burukides que no dudan en expresarlo públicamente y algunos incluso sólo quieran que siga para verle fracasar. Además está el hecho de que en los próximos meses puede encontrarse sentado en el banquillo del TSJPV y no daría buena imagen que el principal acusado fuera candidato a ex lehendakari y no a la reelección. Parecería abandonado por su partido. Ése será otro factor a tener en cuenta.

Pero una legislatura son cuatro años, algo que va más allá de los sentimientos inmediatos, y los políticos son especialistas en encontrar justificación a cualquier decisión. Basta ver cómo convierten en victorias las derrotas electorales.

Hoy por hoy, lo único que está claro es que el frenazo que el PNV le ha dado a la cuestión de la consulta en estas últimas semánas mandándola a Estrasburgo no es acorde a la marcha que le había metido a su iniciativa durante todo el último año Ibarretxe.