En una coincidencia temporal casi maquiavélica, mientras en este país resonaban de nuevo los ecos de aquel «Euskal Herria tiene la palabra y la decisión» suscrito en Lizarra hace justo diez años, en Madrid el Tribunal Constitucional español ha decretado que no hay más soberano que el «Pueblo Español». Ha recordado una obviedad: que la suya es una «nación convertida en Estado» al contrario de lo que sigue ocurriendo -una década después-con el pueblo vasco. Juan José Ibarretxe y los cuatro partidos que lo respaldan acudieron a los tribunales españoles con un catálogo de disquisiciones jurídicas y formales, pero se han encontrado con una respuesta de profundo calado político. No cabe duda de que el Constitucional español ha ido al fondo, y sin medias tintas.

Si alguien pensó hace unos meses que la iniciativa de la consulta podía suponer algún catalizador similar al de aquel acuerdo entre abertzales de Lizarra, los hechos hablan por sí solos. Nadie pudo atisbar en su inicio ni la mínima gota del caudal de ilusión que despertó aquel acuerdo de 1998. Nadie encontró tras el pleno del pasado junio en Gasteiz el impacto político que tuvieron el nacimiento de Udalbiltza, los primeros EHNAs o Batera. Nadie podrá decir que las dos preguntas de Ibarretxe le suscitaron las expectativas de aquel documento de Lizarra o de la simultánea declaración de ETA. No hay paralelismo posible entre aquel abrazo abierto entre sectores abertzales y el actual proyecto de ley sin posibilidad de enmiendas y excluyendo expresamente a la izquierda abertzale. Y nada que ver tiene la pasmosa tranquilidad que ahora ha mostrado José Luis Rodríguez Zapatero desde el minuto 1 con el nerviosismo de aquel José María Aznar que corrió a pedir cita a ETA y también a HB. Ni punto de comparación, en resumen, entre una iniciativa que sí pudo llevar a la resolución del conflicto y otra que nunca ha pretendido tanto. Si su único objetivo era poner en evidencia los topes antidemocráticos del Estado español, en pleno siglo XXI para tan corto viaje no hacían falta tantas alforjas.

Tras la mayoría de edad del derecho a decidir

En fin, la diferencia entre aquella iniciativa de 1998 y ésta de 2008 es tan abrumadora, su desarrollo ha sido tan tibio, su desenlace tan conocido, que podría llevar al pesimismo a muchos abertzales de buena fe. Visto lo visto, habrá quien concluya que no parece que la causa del derecho a decidir de Euskal Herria, que alcanzó la mayoría de edad en Lizarra hace diez años, esté todavía lo suficientemente madura como para imponerse.

La responsabilidad última de esta desazón recae sobre las espaldas del PNV, que diez años después se muestra todavía anclado en una etapa pre-Lizarra. En las hemerotecas podrían encontrarse muchas declaraciones de dirigentes jelkides que confiesan haber secundado aquel acuerdo no por convencimiento propio, sino con otra finalidad. Simplemente pasaban por allí, y se descolgaron en cuanto vieron que aquel «Euskal Herria tiene la palabra y la decisión» no era un lema de Alderdi Eguna, sino un compromiso real y efectivo, con un procedimiento y un calendario de desarrollo que exigía correr riesgos. Desde entonces, el PNV ha asumido de nuevo un día sí y otro también el concepto de que «el Pue- blo Español es soberano», hasta llegar por ejemplo al veto a la manifestación por los presos de hoy en Donostia, a mayor gloria de la Audiencia Nacional española.

En esta década, todavía hubo otra ocasión reciente para haber hecho realidad aquel «Euskal Herria tiene la palabra y la decisión». Esta vez el diseño era bastante más asequible para un «partido de orden» como el PNV: no se planteaba un avance por la vía de los hechos consumados, como en Lizarra, sino a través del acuerdo con el principal partido del Estado español y de la reforma consensuada de los marcos legales. Sin embargo, sorprendentemente para muchos el PNV de Josu Jon Imaz volvió a alinearse con el status quo, en una decisión que sigue sin explicar. El resultado es el que el Constitucional le acaba de recordar en sus contundentes 35 folios: la CAV existe porque la creó la Constitución española, y sus competencias no llegan siquiera para convocar una consulta no vinculante con dos preguntas retóricas.

El TC, buena oportunidad para otra ciaboga

Agotada ya, antes de llegar siquiera al 25 de octubre, la iniciativa de la consulta, la pelota vuelve a estar en el tejado del PNV y, por extensión, del cuatripartito que sostiene al lehendakari. Tras diez años remando en la misma dirección, contra corriente, Ibarretxe no atisba por ningún lado la costa de la solución política y la paz. Y los sucesivos pasos por las urnas muestran que su proyecto hace aguas y amenaza con encallar.

El problema es que en esa misma singladura inútil ha sido embarcado todo un país que soñó con llegar a buen puerto hace diez años y volvió a remar con fuerza hace dos. Un país que ha vuelto a escuchar de un Tribunal Constitucional ubicado a 400 kilómetros que no tiene derecho a ser soberano. El dictamen, por su claridad y por su contundencia, debería ser un acicate definitivo para recuperar aquellos vientos positivos de 1998, la oportunidad para hacer la ciaboga y encontrar un rumbo fructífero entre Lizarra y Loiola.

Ese día quizás hasta haya que agradecerle algo a la por ahora sólo frustrante consulta de Ibarretxe.