El presidente de Bolivia, Evo Morales, insistió ayer en que el diálogo con sus opositores «siempre está abierto» y manifestó su disposición a revisar la propuesta autonómica de la nueva Constitución, pendiente de ratificación, para compatibilizarla con las demandas autonómicas, en aras a lograr un acuerdo por la «unidad del país» y tras haber sido autorizado por sus bases.

Representantes del Gobierno y del Consejo Nacional Democrático (Conalde), que agrupa a los prefectos (gobernadores) opositores, mantuvieron una maratoniana reunión en la noche del viernes al sábado, en la que sentaron las bases del diálogo.

El prefecto de Tarija, Mario Cossío, que acudió a la reunión como representante de Conalde, a pesar de que sus homólogos de Santa Cruz, Beni y Pando rechazan participar en las conversaciones, dio por cumplido el primer objetivo del encuentro, «instalar la apertura de lo que ojalá se convierta en un proceso sostenido de diálogo» y confió en poder llegar a un «pacto nacional que permita solucionar los problemas en un escenario de reconciliación nacional». Cossío tenía previsto trasladar al resto de gobernadores el resultado del encuentro.

El origen de las protestas de los departamentos opositores, ahora reactivadas con inusitada violencia sobre todo en Pando, es la devolución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), que el Gobierno les recortó en enero para destinalo al pago de una pensión a la vejez. Además, sus gobernadores han impulsado de forma unilateral un proceso autonómico que el Ejecutivo no reconoce y rechazan frontalmente la nueva Constitución con la que el Ejecutivo quiere refundar Bolivia.

Medida excepcional

Mientras la reunión se celebraba en el Palacio Quemado de La Paz, el Ejército y la Policía recuperaban el control en la capital de Pando, Cobija, después de que Evo Morales declarara el Estado de sitio en este departamento. La medida fue adoptada para poner fin a la ola de violencia que se ha saldado ya, según el último balance del Gobierno, con 16 campesinos muertos por grupos paramilitares de derechas que contaron con la participación de «delincuentes».

La mayoría de los fallecidos son consecuencia de los choques del jueves en Porvenir, cerca de la capital pandina, y las autoridades señalan que podrían aparecer más cadáveres tras el hallazgo de varios cuerpos en un monte y en la orilla de un río cercano al lugar de la emboscada. Según La Paz, no se trató de un enfrentamiento sino de una «verdadera masacre de parte de funcionarios de la Prefectura y sicarios extranjeros que asesinaron a los campesinos».

Para acabar con las ejecuciones de campesinos, los actos de vandalismo, la toma de instituciones y el bloqueo de carreteras, el Gobierno adoptó esta medida de excepción.

En la noche del viernes, el Ejército recuperó el control del aeropuerto de Cobija tras enfrentarse a una«turba enardecida» que hostigaba el aeródromo con disparos de armas de fuego y explosiones de dinamita, para evitar el aterrizaje de aeronaves que transportaban refuerzos militares. En estos enfrentamientos murieron un militar y un civil.

Evo Morales afirmó que no ampliará esta medida excepcional a otros puntos del país si cesan los ataques contra instituciones del Estado y contra infraestructuras energéticas.

Volvió a justificar ayer la decisión de expulsar el embajador de EEUU, Philip Goldberg, «en nombre de la lucha de los pueblos de América Latina contra el imperio americano». Su decisión desató una crisis diplomática con EEUU, a la que se sumaron Venezuela, al actuar de igual manera, y Honduras, al rechazar recibir de momento las credenciales diplomáticas del represen- tante estadounidense.

Además, Morales agradeció la «gran solidaridad» mostrada por la comunidad internacional con el país andino. La mayoría de los presidentes de latinoamericanos así como las Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea instaron a respetar las instituciones de Bolivia.

El enviado del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en Bolivia, Vegard Bye, afirmó que «la situación es tan preocupante que la gente tiene miedo», pero estimó que una hipotética guerra civil «no es muy probable».