La Fiscalía del Juzgado de Instrucción Número 1 de Gasteiz ha solicitado la apertura de juicio oral contra Josu Ormaetxea, Andoni Txasko y Aitor Fernández de Ortega por los hechos ocurridos el 3 de marzo de 2006, cuando la Ertzaintza cargó contra la manifestación que, como todos los años, se había organizado en recuerdo a las víctimas del 3 de marzo de 1976. En aquella movilización la Policía autonómica detuvo a estas tres personas y causó numerosos heridos y contusionados.

Según consta en el escrito remitido al juzgado, que fue difundido ayer por la Asociación de Víctimas del 3 de Marzo, el Ministerio Público imputa a Ormaetxea sendos delitos de «atentado y resistencia» y una falta de lesiones; a Txasko, un delito de «atentado» y una falta de lesiones; y a Fernández de Ortega un delito de «atentado», otro de «desórdenes públicos», dos faltas de lesiones, y una falta de «respeto a agentes de la autoridad». Por todo ello, Ormaetxea se enfrenta a una pena de dos años y dos meses de prisión y Txasko a un año y seis meses, mientras que para Fernández de Ortega piden dos años y medio de cárcel. Además, los tres imputados podrían ser inhabilitados y obligados a pagar multas de elevada cuantía.

Condolencia y solidaridad

Txasko y Ormaetxea, que forman parte de la Asociación de Víctimas del 3 de Marzo -Fernández de Ortega participaba en la marcha en solidaridad con las víctimas-, comparecieron ayer ante los medios arropados por sus compañeros.

En nombre de todos ellos tomó la palabra el sindicalista Santi Díaz de Espada, quien señaló que estas imputaciones tienen su base en el atestado policial remitido por la Ertzaintza a los tribunales que, según insistieron ayer, no se atiene a la verdad y es «alucinante».

Recordó que en aquella movilización, que coincidía con el 30 aniversario de la masacre de 1976, la Ertzaintza arremetió contra los manifestantes utilizando como excusa la presencia en la misma de una ikurriña con crespón negro y dos fotografías como muestra de condolencia y solidaridad con los allegados de Igor Angulo y Roberto Sáinz, presos políticos vascos que habían fallecido poco antes en cárceles españolas.

El Departamento de Interior alegó entonces que había existido «un delito de enaltecimiento del terrorismo» y envió el atestado a la Audiencia Nacional, pero el tribunal especial archivó la causa en noviembre de 2007 al considerar que no existía delito en aquellos hechos.

Que un tribunal tan poco sospechoso de favorecer a los vascos como la Audiencia Nacional no apreciara delito en aquellos hechos podía haber llevado a la Consejería que dirige Javier Balza a modificar su postura y retirar las imputaciones contra las tres personas que fueron detenidas por agentes de la Ertzaintza pero, bien al contrario, decidió mantenerlas, en este caso ante el Juzgado de Instrucción Número 1 de Gasteiz.

Díaz de Espada recordó que las diligencias judiciales se inician a causa de un atestado que defiende que la actuación policial fue correcta, porque se estaba cometiendo, siempre según esta versión, un «delito de enaltecimiento del terrorismo», y valoró que al demostrarse que este delito no existió, como afirmó la propia Audiencia Nacional, el Departamento de Interior podía haber remitido otro atestado señalando lo contrario e instando al archivo de las diligencias. «Lo mismo que el primer atestado sirvió de denuncia, se puede remitir una nueva comunicación contraria a la calificación penal de los hechos, admitiendo el error cometido», resumió el ayer portavoz de la Asociación de Víctimas del 3 de Marzo.

«Penosa gestión» de Lakua

Sin embargo, lejos de adoptar esta actitud, dos años y medio después «prosigue el sinsentido y el absurdo» por parte de Lakua, de forma que la semana pasada a los acusados les llegó una comunicacón de la petición fiscal. Todavía no está fijada la fecha del juicio, pero los abogados de la defensa estiman que se marcará en fechas próximas.

Al hacer una valoración de todos estos acontecimientos, desde la Asociación de Víctimas del 3 de Marzo quisieron subrayar la «penosa gestión» política que ha hecho el Gobierno de Lakua en este caso, ya que mientras «recibimos por una parte reconocimientos y parabienes, al mismo tiempo, el Departamento de Interior mantiene acusaciones alucinantes, de las que personas y familias pueden salir notablemente perjudicadas».

A este respecto, valoran que «esto no es sólo una cuestión personal que afecta a estas tres personas, sino una agresión a lo que significa el 3 de marzo y contra el conjunto de la clase trabajadora». Y es que, si en 1976 las Fuerzas de Orden Público, a las órdenes de Fraga, hicieron «una auténtica barrabasada» disparando contra miles de obreros, para las víctimas el 3 de marzo de 2006 la Ertzaintza «llevó a cabo una acción totalmente injustificada y mantiene una versión de los hechos que atenta contra la verdad».

A pesar de ello, quisieron dejar claro que «no conseguirán amedrentarnos y, como venimos haciendo desde hace treinta años, seguiremos denunciando las injusticias, seguiremos luchando por la verdad y contra la vulneración de derechos. Y lucharemos hasta lograr esos derechos y esas libertades».

El ataque recibido, en cualquier caso, es de gran calibre, y por ello anunciaron que van a iniciar una campaña de información «a todos los niveles».

Reuniones y manifiesto

Así, anunciaron su intención de reunirse con el Ararteko, el Departamento de Justicia de Lakua y el diputado general de Araba, a quienes ya la semana pasada hicieron llegar esta información, así como con sindicatos, colectivos sociales y formaciones políticas. Asimismo, van a elaborar un manifiesto a fin de recabar apoyos de los citados organismos y de la ciudadanía en general, y estudiarán las acciones a realizar en función de lo que deparen estas reuniones.

Andoni Txasko, portavoz habitual de la asociación, denunció la actitud del Departamento de Interior, comandado por Javier Balza, y la situación de «incertidumbre y angustia» a la que les han conducido a ellos y a sus familiares.