Las ilegalizaciones ejecutadas por el Gobierno del PSOE esta semana no han calmado a la «bestia», sino que han tenido el efecto contrario. Sorprendemente para muchos, tras unos meses en los que Mariano Rajoy ha dejado en segundo plano la cuestión de Euskal Herria, ayer la dirección del PP se destapó con un furibundo ataque al Gobierno del PSOE, a quien quiere llevar al Congreso para que explique por qué antes no y ahora sí. Aunque pueda parecer paradójico, es lógico: conseguido el objetivo que perseguía desde antes del proceso de negociación, el PP busca otro. Y lo hace cargado de más razones; se las ha dado el PSOE tras decantarse por sacar del exiguo marco legal español a ANV y EHAK, como el PP le había exigido mil veces.

Anteayer su líder, Mariano Rajoy, no dudaba en saludar la cadena de vetos y en lamentar de forma muy matizada que «la felicidad sería completa si no hubieran entrado a las instituciones». Pero todo, el contenido y el tono, cambió ayer, una vez consumada también la ilegalización de EHAK. El PP se lanzó por terreno abonado. Recuperando el lenguaje y los modos de los tiempos del proceso de negociación, Soraya Sáenz de Santamaría reclamó la comparecencia en el Congreso del fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, «por ser el principal responsable de la política criminal del Gobierno».

«Es momento de empezar a pedir explicaciones por los tres años que se han perdido y por las consecuencias de no haber actuado a tiempo -enfatizó la portavoz del PP en el Congreso-. Es momento de hacer balance de las actuaciones de cada uno y de sus efectos». De momento, quieren a Conde-Pumpido delante, pero apuntan también que detrás hay «responsables políticos» como los ministros de Justicia e Interior, Mariano Fernández Bermejo y Alfredo Pérez Rubalcaba, que le seguirán en la lista.

Abierta la espita, el ex ministro Jaime Mayor Oreja no tardó en echarse a la arena. Desde Italia, se preguntó por qué «algún listo» no ilegalizó a EHAK en su momento. «¿Y por qué se dijo que Arnaldo Otegi era un hombre de paz y por qué se dejó estar a ANV en los ayuntamientos?», añadió indignado.

Mayor Oreja no debió reparar en que el «listo», en todo caso, estaría en el Gobierno del PP, ya que EHAK se inscribió como partido en 2002 y ANV ha sido legal sin problema alguno desde 1977 hasta ahora. Desde el PSOE se encargó de recordárselo Fernando Moraleda, el que fue portavoz oficial de Zapatero durante los dos años de conversaciones con ETA.

Moraleda mostró que se había documentado bien para la ocasión: entre otras cosas, recordó que la subsecretaria del Ministerio del Interior cuando se registró el partido vetado anteayer era María Dolores de Cospe- dal, la actual número dos del PP. «Parece que el PP tiene una actitud política vinculada a mentir, quizás por una cuestión genética», ironizó. El cruce de declaraciones recordó al de los años pasados, aunque la actual unidad de acción entre PSOE y PP sea evidente para cualquiera.

Pero no sólo al PSOE se le quiere pasar factura desde el PP, que se sabe ganador en este terreno de juego. A rebufo de las ilegalizaciones han llegado acometidas contra el PNV. Especialmente significativo es el caso de Zizurkil. La alcaldesa jelkide, María Angeles Lazkano, se sometió hace unos meses a las presiones de este partido y retiró los monolitos que recordaban hace años a sus vecinos Joxe Arregi -fallecido en comi- saría- y Joxelu Geresta -muerto en circunstancias aún sin aclarar-. Ahora, el PP quiere más. Su portavoz en el Ayuntamiento, Raúl Vázquez, anunció ayer que va a denunciar a la alcaldesa Lazkano nada menos que por «colaboración con ETA».

Vázquez argumenta que es práctica normal que un miembro de ANV acuda a comisiones municipales. Y establece este silogismo: «Si ANV es entramado de ETA, el que le permita realizar ilegalidades dentro de un ayuntamiento es colaborador etarra». Y lo que vendrá.