Tres vecinos de Gasteiz, dos de ellos miembros de la Asociación de Víctimas del 3 de Marzo, afrontan una petición de condena de hasta dos años y medio de cárcel. El motivo, el atestado que la Ertzaintza remitió a los juzgados por los hechos ocurridos durante la manifestación de 2006, en el 30 aniversario de la masacre de cinco obreros en la capital alavesa, cuando la Policía autonómica arremetió contra la marcha causando numerosos heridos y deteniendo a estas tres personas.

Después de que la asociación de víctimas hiciera pública esta petición de condena la semana pasada, los sindicatos ELA, LAB, ESK y ESTEE-EILAS, convocantes de aquella manifestación, comparecieron ayer para dar lectura a un comunicado en el que afirman que esta actuación «supone un ataque directo por parte del Departamento de Interior a todos y todas las trabajadoras que salimos cada 3 de marzo reclamando justicia y el esclarecimiento de aquellos hechos».

«Todos y todas culpables»

Los representantes sindicales recordaron que la Audiencia Nacional desestimó, tras recibir el atestado de la Ertzaintza, un posible delito de «apología del terrorismo» en aquella manifestación, y expresaron su sorpresa por ser ahora la Audiencia Provincial de Araba la que ha citado como imputados a los tres detenidos. «La Asociación 3 de Marzo ha venido trabajando desde su constitución por la clarificación de lo sucedido el 3 de marzo de 1976, por la asunción de responsabilidad por parte de quienes fueron responsables y por la justicia para las víctimas y sus familias» explicaron, para agregar que «si ese es su delito, todas y todos somos culpables». Y es que, a su parecer, lo sucedido es un «grave atropello a los derechos democráticos».

Los sindicatos subrayan en su escrito que el 3 de marzo no es sólo una fecha para el recuerdo por lo sucedido en 1976, sino que anualmente se convierte «en una fecha de referencia en la lucha y denuncia de la vulneración de todos los derechos, individuales y colectivos, que se siguen produciendo», entre los que citan los conflictos laborales, la precariedad, y también las ilegalizaciones, cierre de medios y la represión.

ELA, LAB, ESK y STEE-EILAS, asimismo, denuncian «la fijación que demuestra el Departamento de Interior, con su consejero el señor Balza a la cabeza, hacia la Asociación 3 de Marzo, utilizando para ello un fantasmagórico atestado basado en falsedades y manipulaciones de lo que verdaderamente sucedió y que todos los presentes pudimos contemplar».

Una fijación, la del consejero, que «puede llevar a estas personas a ingresar en prisión, dada la petición de penas, mientras que los verdaderos responsables de lo sucedido siguen en sus puestos». Ante esta situación, las centrales consideran «obligado» hacer «un llamamiento a los responsables políticos, para que renuncien a supeditarse a oscuros intereses políticos que provocan más enfrentamiento en nuestra sociedad».

En este sentido, reclaman «el archivo inmediato de todas las diligencias y la retirada de todos los cargos que pesan sobre nuestros compañeros» y, asimismo, solicitan a los responsables políticos de este país que «muestren su apoyo público a los encausados y soliciten la dimisión del responsable político de aquelle deplorable actuación» que, como insistieron, no es otro que el propio Balza.

Antes de concluir, los sindicatos expresaron su solidaridad «con nuestros compañeros encausados» y llamaron a los trabajadores y trabajadoras, y a la sociedad gasteiztarra, «a que esté atenta» a las movilizaciones.