«Esta ley -dijo en rueda de prensa en Bilbo el responsable del Área Social de ELA, Mikel Noval- es un catálogo de buenas intenciones, pero no se concretan derechos. Si la ley no se aprueba no va a pasar nada y si se aprueba, tampoco», argumentó.

Noval y sus compañeras en la dirección del sindicato Julene Gabiola y Deiana Arrieta cuestionaron el proyecto legislativo, que tiene dos ejes principales: las ayudas directas por nacimiento, adopción o acogimiento de hijos, y las prestaciones y servicios relacionados con la conciliación de la vida laboral y familiar, como subvenciones para el cuidado de los hijos de hasta 3 años, excedencias, reducciones de jornada o cuidado de personas dependientes.

En opinión de Mikel Noval, es un proyecto de ley «sin contenido», que constituye una «mera continuidad» de lo aplicado en este ámbito, se enmarca en una política caracterizada por «no dar derechos» y hacer «mucha propaganda» y supone «una tomadura de pelo».

Entre otras críticas a su contenido, los representantes de la central abertzale censuraron que se dé «prioridad» a las ayudas económicas y no a los servicios y que se «deje abierto el camino» para una gestión privada de estos últimos.

Evidenciaron también que las ayudas previstas para la conciliación laboral y familiar ya existían con anterioridad y lamentaron que acaben siendo las mujeres las acogidas mayoritariamente a este tipo de medidas. En su opinión, el proyecto de ley «incentiva que la mujer se quede en casa y se aleje del mercado laboral».

Para el sindicato que aún lidera José Elorrieta, el Ejecutivo de Lakua no garantiza una cobertura suficiente de servicios para niños menores de 3 años y, como alternativa, ofrece ayudas para la contratación de personas para el cuidado a domicilio, o subvenciones por excedencia o reducción de jornada, cuya incidencia es «muy escasa y centrada en las mujeres».

Los representantes sindicales señalaron en su comparecencia para valorar la ley que, aunque las medidas contempladas en el proyecto de ley se definen como universales y algunas se configuren como derecho subjetivo susceptible de ser reclamado judicialmente, se condiciona su concesión al cumplimiento de determinados requisitos «que no se concretan».

ELA considera, por el contrario, que se debe garantizar una cobertura completa en los servicios de atención a la infancia y también a las personas dependientes, que en el proyecto de ley, según criticó, «se dejan de lado». Mikel Noval afirmó que «el 85% de la personas en situación de dependencia no tienen cobertura pública».