El Observatorio Vasco de Derechos Humanos-Behatokia dio cuenta ayer en Ginebra de las medidas represivas que se añaden a otras que ya difundió en un informe presentado en el año 1996, la anterior sesión que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas dedicó al Estado español. Lo hizo a través del abogado de Eskubi- deak Urko Aiartza.

Así, puso sobre la mesa que «lejos de acortar el periodo de cinco días de detención incomunicada que recomendó este mismo Comité, ese periodo ha sido dilatado por Ley a un total de 13 días en prisión incomunicada», y reiteró que, añadido esto a la falta de investigación y a los indultos a los que llegan a ser condenados, «dota de absoluta impunidad a este fenómeno».

Asimismo, explicó las medidas que en los últimos años han recrudecido la situación de las cárceles del Estado español, ya que algunas suponen la «cadena perpetua», según Behatokia.

«Terrorismo desarmado»

«La interpretación extensiva que los tribunales españoles realizan del término `terrorismo'» y el papel de la Audiencia Nacional, definido como «tribunal excepcional para delitos de `terrorismo' » también fueron expuestos en la sesión de ayer, evidenciando el papel de ese tribunak que «ha extendido su acción a organizaciones socia- les, culturales, políticas, medios de comunicación y organismos de derechos humanos que siempre han operado de forma absolutamente pacífica, legal y transparente y sus miembros han sido encarcelados y su actividad ha sido ilegalizada». La intervención de Aiartza concluyó de ello que «ha introducido el nuevo concepto de `terrorismo desarmado'».

Esta aseveración fue reforzada con la alusión al informe realizado por el Relator Especial para la Promoción de los Derechos Humanos en la «lucha antiterrorista», Martin Scheinin, tras una visita al Estado español el pasado mayo. El relator denuncia que «la actividad de estos organismos carece del elemento fundamental de violencia física mortal o grave contra la población en general o sus segmentos como elemento que define los delitos terroristas». Según Behatokia, «esto ha causado un impacto irreparable en la libertad de expresión, asociación y manifestación».

Ley de Partidos

Behatokia destacó como exponente de esta situación la Ley de Partidos, que fue diseñada «con la única finalidad de sacar de la pugna política a un importante sector de la sociedad vasca». Explicó que esa ley recoge que «los partidos políticos deberán respetar los valores constitucionales», y que así se establece un marco que permite ilegalizar «a partidos y candidaturas que pacífica y democráticamente disienten con algunos de esos valores» y priva a la ciudadanía de opciones.

Recordó que «en breve se hará pública la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos al respecto», ya que han sido admitidas a trámite las denuncias de casi todos los afectados.