El convenio de Bergara firmado entre Maroto y Espartero en el año 1839 constituyó un engaño para los valientes soldados vascos, y puso fin a la primera Guerra Carlista. Del mismo surge la promesa de Espartero de mantener las «Leyes viejas» vascas. En definitiva, éste fue un pacto que España no pensaba cumplir ni mantener, quedando todo preparado para sacrificar al pueblo vasco.

En tal sentido, el 31 de agosto del mismo año se propondrá a las Cortes la modificación de los fueros vascos, y en la reunión del pleno llevada a cabo el día 11 de septiembre, los diputados de la mayoría solicitan la abolición de las «Leyes viejas», echando por tierra los compromisos de Bergara, y como consecuencia se propone el siguiente proyecto de ley, que en su primer artículo establece:

Art.1: se confirman los fueros para las provincias vascongadas y de Navarra sin perjuicio de la unidad constitucional de la monarquía.

Según los diarios de sesiones de la época, la única voz en contra que se alzó fue la del Marqués de Viluma, quién presentó un voto particular, donde se solicitaba se confirmen los fueros de las provincias vascongadas y Navarra, suprimiendo el párrafo «sin perjuicio de la unidad constitucional de la monarquía».

La ley aprobada un 25 de octubre de 1839 era la consumación de la negación del derecho vasco, la anulación de su régimen de independencia, ya que la «unidad constitucional» consistía en tener un mismo rey, un único poder legislativo, una misma representación nacional, es decir, la abolición plena de la libertad vasca. Esta medida será complementada con la aprobación de la Ley Paccionada en el año 1841, que sellará la división de los Territorios Históricos de Hegoalde.

Han pasado muchos años desde aquel fatídico 25 de octubre de 1839. La lucha por recuperar los derechos de la nación vasca se han llevado adelante en una primera etapa a partir de la reivindicación fuerista, hasta la emergencia del nacionalismo vasco como herramienta política, para continuar con esta persistente lucha.

Hoy Euskal Herria está asentada sobre dos estados (España y Francia), con tres sistemas políticos administrativos diferentes, y en Hego Euskal Herria continúan vigentes los efectos de la Ley Paccionada. No quedan dudas ya de que el Estatuto de Gernika está obsoleto. En tal sentido, resulta necesario un avance soberanista a partir de la superación del actual Estatuto, como así también, en la vertebración territorial de Euskal Herria.

La justicia española ha impedido que el pueblo vasco sea consultado, tal cual estaba previsto para éste 25 de octubre. La aceptación, sin más, del veredicto de la justicia española no es un camino político válido. Resulta más que lamentable escuchar algunas voces provenientes del campo nacionalista, que han argumentado y continúan haciéndolo contra la posibilidad de consultar al pueblo vasco, siendo además, su única propuesta política auspiciar un «encaje amable en España», sumado esto, la desfachatez de que a pocos días de habérsele negado a la sociedad vasca su derecho a opinar, se acuerde, con quienes prohibieron la consulta, la aprobación de los presupuestos del Estado a cambio de unas migajas para Ciencia e Investigación, derechos y presupuestos que deberían haber sido transferidas en el marco del cumplimiento del Estatuto de Gernika.

La única forma de superar el conflicto político vasco será a partir de comenzar a transitar un camino de acumulación de fuerzas soberanistas, en el marco de un proyecto independentista y de defensa irrestricta de la unidad territorial de Euskal Herria, sumado a la vertebración de un discurso claro hacia la sociedad vasca, la cual, está cansada de declaraciones de circunstancias, de ver como se marea la perdiz, y de los actuales y vigentes discípulos de los célebremente nefastos Maroto y Espartero.