Una pregunta realizada por el PP durante el pleno municipal de ayer a la Alcaldía que dirige el PSE en Sestao obtuvo como respuesta el anuncio de que el alcalde, José Luis Marcos Merino, ha dictado un decreto por el que da dos días a la izquierda abertzale para que desaloje un local municipal que, según la Corporación, viene utilizando tiempo atrás.

En un comunicado de prensa emitido a los medios de comunicación tras la celebración del pleno municipal, la Alcaldía de Sestao, en manos del PSE, anuncia que el primer edil ha dictado un decreto de Alcaldía por el que «da 48 horas a los usuarios del local municipal que utiliza ANV en el Ayuntamiento de Sestao para su desalojo». La misma nota recoge que el anuncio del mandato de desalojo fue realizada por el propio alcalde, José Luis Marcos Merino, durante el pleno municipal de ayer por la mañana.

«De momento no se ha podido notificar el decreto, pero si no es posible entregarlo en mano, se cursará la notificación por los medios legales existentes. Cuando esto ocurra comienzan a contar las 48 horas para que abandonen el despacho que vienen utilizando en la última planta del edificio Castaños», afirma la nota de prensa que respondió el alcalde del PSE a la pregunta planteada por el grupo del PP.

«Un tema recurrente tras...»

Por consiguiente, el tiempo para cumplir con el mandato comenzará a correr una vez notificada la orden prohibitiva del alcalde del PSE.

Sobre la explicación del procedimiento para ejecutar esa decisión, Marcos Merino ha apuntado que su intención «era regular esta situación a través del Reglamento de la Oposición, pero como todavía no está terminado y ha habido una sentencia que ilegaliza a ANV, hemos actuado con este decreto». Así, a falta un reglamento municipal para tal efecto, la Alcaldía del PSE se escuda en el fallo de setiembre del Tribunal Supremo contra la formación abertzale.

Pero las explicaciones del alcalde de Sestao fueron más allá. Informó de que «la salida de la izquierda abertzale se planteó desde el comienzo de legislatura, aunque ha sido un tema recurrente tras el atentado sufrido por el Juzgado de Paz en diciembre de 2007». La nota añade las denuncias de un edil del PP sobre «el cambio de nombre que aparecía en la puerta del despacho a medida que se iban ilegalizando las organizaciones».