Primero en 1980 y por segunda vez en 1995, Quebec ha sido escenario de sendos referendos que buscaban la independencia de Canadá. Pocos días después de que, en Euskal Herria, el tripartito de Lakua escenificara la «no-consulta», el consejero de Justicia del Gobierno de Gasteiz, Joseba Azkarraga (EA), y miembros de su departamento se han desplazado hasta Quebec, donde están llevando a cabo encuentros con representantes políticos e institucionales para conocer de primera mano los pasos y la metodología que llevaron a cabo en el referéndum de hace trece años que, por un escasísimo margen, no fue favorable a la separación. Pese al tiempo transcurrido, ésta sigue siendo una cuestión latente en esta zona de Norteamérica.

Marcel Blanchet, el director general de las elecciones de Quebec, un cargo institucional sin adscripción política y designado por una mayoría cualificada de la Asamblea Nacional quebequesa, deseó al consejero vasco de Justicia que el modelo empleado por ellos sea válido también para un futuro referéndum o referendos que se puedan llevar a cabo en Euskal Herria.

Azkarraga encuentra diferencias abrumadoras entre las posiciones que han mantenido el Gobierno de Canadá y el Gobierno español respecto a las aspiraciones soberanistas de Quebec y Euskal Herria. En su opinión, el primero resulta ser «un sistema democrático real» frente al «sistema democrático formal» del segundo. ¿Por qué? Lo primero que hicieron los quebequeses fue «tender la mano» al Gobierno federal de Canadá para lograr un acuerdo sobre la libre asociación; ante el mutismo oficial y la falta de respuesta a la invitación, siempre con el partido independentista (el Partido Quebequés) en el poder, se pasó a preguntar a sus ciudadanas y ciudadanos sobre el futuro del país. Mientras la Constitución española es la que niega la soberanía y el derecho a decidir de los vascos de Hego Euskal Herria, el Tribunal Supremo canadiense fijó con su doctrina que el respeto a las minorías y la participación democrática resultan totalmente democráticas, y que son elementos que están por encima de la propia Constitución canadiense (en Quebec no está aprobada esa carta magna desde 1980). Y aunque el Gobierno federal, evidentemente, no es favorable a los referendos, tampoco los obstaculiza. Así lo confirmó el lunes Marcel Blanchet.

«¿Acepta que Quebec debería ser soberano tras hacer una oferta formal a Canadá para una nueva asociación económica y política?». Ésta fue la pregunta que se formuló en 1995. El Gobierno canadiense, por contra, tras diferentes consultas al Supremo, aprobó en 2000 la conocida como Ley de Claridad. Aunque, haciendo lecturas interesadas de la misma, esa norma se ha empleado como acicate contra los independentistas quebequeses, Blanchet explica que, frente a las lecturas restrictivas que algunos políticos hacen de ella, «esta norma pretende asegurar que la pregunta sea lo suficientemente clara para Canadá, respecto a qué oferta le realiza Quebec. Pero eso no impide que Quebec decida lo que quiera». Por lo tanto, de sus palabras se desprende que la puerta hacia la soberanía sigue estando abierta.

Si bien las autoridades quebequesas cuentan con todo un modelo y una metodología muy elaborada sobre cómo realizar estos referendos, máxime teniendo en cuenta que los han puesto en práctica por dos veces, la única pregunta que aún sigue siendo hipotética es la que cuestiona qué pasaría en caso de que el sí fuera el vencedor. Blanchet tampoco titubea: «Según preveía la pregunta, hubieran intentado llegar a un acuerdo con el Gobierno federal; pero si éste se negara, Quebec podría independizarse unilateralmente». Puntualiza que esa decisión podría ser «políticamente reprochable, pero no jurídicamente».

Los que sí han cambiado de parecer en estos trece años han sido los miembros del partido de la oposición, Acción Democrática de Quebec (NPD). En vísperas de que se convoquen las elecciones para la Asamblea Nacional de Quebec, donde actualmente cuentan 39 escaños, frente a los 48 del Partido Liberal y los 36 de los independentistas, el parlamentario de NPD Eric Montigny afirma que ahora no votarían a favor del sí, como lo hicieran en el 95. «Consideramos que ha habido ya dos referendos que se han perdido y, viendo que en Ottawa hay un partido conservador que apuesta por la descentralización, nosotros apostamos por esa vía. Abogamos por los cambios constitucionales, por la descentralización y, así, obtener más poder», explica Montigny, quien, ante las insistentes preguntas, se muestra reticente a responder sobre qué posición mantendrían ante un tercer referendo. Una respuesta que finalmente no puede esquivar y que deja las cosas claras: «Lo que queremos es la máxima autonomía, pero sin ruptura». Totalmente contrapuesta será, seguramente, la respuesta que pueda formular el parlamentario independentista Daniel Turp, con el que Joseba Azkarraga se reunirá en los próximos días.

Mientras tanto, Azkarraga suscribe las palabras del lehendakari Ibarretxe de que «la consulta ha venido para quedarse», en referencia a la abortada propuesta para Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. El Ejecutivo de Lakua ya ha practicado la ceremonia de «la mano tendida» a Madrid; una mano que no ha sido rechazada de plano, lo que contrasta con la facilidad con la que algunos de sus integrantes -especialmente el PNV- alcanza otros acuerdos, como en el caso de los presupuestos, con el Gobierno español.

Otro de los factores que por ahora no sale a relucir en Quebec y que, quizás, podría haber propiciado el triunfo del referédum de 1995 es el papel de la población indígena, que conforma el 5% de la ciudadanía. Mientras que por doquier se pueden ver las referencias hacia el pasado de Quebec como territorio bajo dominio británico, francés y, ahora, canadiense, sus primeros y originarios pobladores, los indios americanos, siguen sin ese mismo reconocimiento. «Je me souviens».