Tras analizar el anteproyecto de Ley que modifica la Ley General de Protección del Medio Ambiente, el Consejo Económico y Social de la CAV advirtió ayer de que la Administración de Lakua presenta «un grave déficit, que llega hasta el colapso, en la tramitación de expedientes medioambientales». Recuerdan que la Ley General de Protección del Medio Ambiente desarrolla las competencias para la conservación, defensa y protección del medioambiente y para el establecimiento del marco normativo general de una política medioambiental.

Por otra parte, la ley aborda la protección individualizada de los diferentes recursos medioambientales, tales como el suelo, las aguas y el litoral, la biodiversidad, el aire, los ruidos o los suelos contaminados.

El CES hace hincapié en que este anteproyecto presenta «limitaciones importantes, ya que se trata de una materia sobre la que tienen competencia instancias institucionales muy diferentes, tanto internacionales, como europeas y estatales». Ante esta realidad, el Consejo considera que el anteproyecto «podría abordar carencias como la coordinación entre instituciones que intervienen en materia medioambiental».

Medidas de modificación

El CES afirma, asimismo, que algunas de las nuevas medidas pueden producir «nuevos cuellos de botella en la tramitación administrativa» al introducir requisitos que duplican los sistemas de control.

Por su parte, se recogen cambios que afectan a aspectos relacinados con la calidad del suelo. Sin embargo, el CES no considera pertinente su inclusión en esta Ley y cree más oportuna una reforma específica de la Ley para la Prevención y Corrección de la Contaminación del Suelo.