El secretario general de ELA, José Elorrieta, subrayó ayer que el fraude de las rentas no salariales es «generalizado» porque «no hay inspección» y denunció «la enorme discriminación fiscal que supone que las rentas salariales paguen el 86% del total del IRPF».

En uno de sus últimos actos como secretario general de ELA, Elorrieta presentó en Gasteiz la resolución sobre la fiscalidad que será presentada en el XII Congreso Confederal, que se celebrará la próxima semana en Bilbo, y constató que «en presión fiscal nos encontramos a la cola de la Unión Europea».

Explicó que «las rentas salariales, que representan poco más del 48% del PIB, pagan el 86% del IRPF», porque «prácticamente no hay inspección y, en consecuencia, el fraude de las rentas no salariales es generalizado» y porque «mientras el tipo impositivo de las rentas de capital es sólo del 18%, el tipo mínimo de las rentas procedentes del trabajo es un 23%».

Afirmó que, en Hego Euskal Herria, como consecuencia del fraude y de la discriminación fiscal, los impuestos «sólo los pagan los trabajadores». En este sentido, explicó que «se está haciendo una deshonesta gestión de la política fiscal, discriminando a la mayoría en beneficio de unas élites económicas que no pagan impuestos y que convierten en negocio todos los servicios que se van privatizando, que son muchos». Consideró que se trata de «una alianza de clase», en la que «es difícil separar dónde están los intereses públicos y los privados».

«No es posible hacer políticas neoliberales muy agresivas al dictado de las élites económicas y pretender, al mismo tiempo, impulsar una consulta soberanista», declaró, antes de apostillar que la contradicción se resuelve «buscando la foto fija con los empresarios y tratando al sindicalismo abertzale mayoritario con un nivel de agresividad desconocido hasta la fecha, como si fuésemos sus enemigos interiores».

Al término del acto, que reunió a un millar de delegados, se manifestaron en apoyo a los trabajadores de Ariznabarra, en huelga desde hace más de nueve meses por la privatización de los servicios públicos.

La marcha realizó un alto ante Sabeco, en solidaridad con las trabajadoras de Errenteria de este centro en huelga en demanda del convenio territorial del comercio de alimentación.