La campaña emprendida por Petronor para despejar el camino a la construcción de la planta de coque en su complejo petroquímico ha dado sus frutos. Nueve días después de que se cerrase el plazo de audiencia concedido por Medio Ambiente de Lakua para alegar en el procedimiento para otorgar Declaración de Impacto Ambiental favorable y la Autorización Ambiental Integrada (AAI), el departamento que dirige Esther Larrañaga (EA) informó de que la compañía que preside Josu Jon Imaz ya tiene su parabien.

No ha sido una sorpresa. El lunes, fuentes gubernamentales desvelaron a integrantes de la Coordinadora Anti-Coke que su pronunciamiento iba a ser favorable a la Unidad de Reducción de Fuel Oil (URF). Ayer, a través de un comunicado, Lakua se reiteraba en los argumentos esgrimidos en la propuesta de resolución del 31 de octubre, adu- ciendo que «el proyecto se ajusta a las exigencias recogidas» en la legislación europea.

Medio Ambiente asegura que las alegaciones formuladas por Petronor e Izate -asociación medioambiental que integra la Coordinadora- no aportan argumentos «jurídicos o ambien- tales fundados para impedir que se conceda la AAI». A renglón seguido, la Viceconsejería que dirige Ibon Galarraga expone que la autorización «no es una concesión arbitraria» sino un procedimiento reglado.

Niega que haya irregularidades en la tramitación administrativa del proyecto de la URF, a pesar de que su anterior AAI «diferida» a toda la instalación petrolera está siendo analizada por la autoridades de la UE. La Comisión Europea admitió a trámite en agosto la queja promovida por la Coordinadora Anti-Coke contra la resolución de 6 de mayo del viceconsejero de Medio Ambiente que otorgó a Petronor, de forma condicionada, la AAI para la actividad de la refinería. Esta iniciativa ante instancias comunitarias se impulsó después de que Lakua no respondiese a un recurso de alzada presentado contra su controvertido permiso. La respuesta se espera en pocas semanas.

El portavoz de Izate, Sergio de Juan, no pudo ocultar su malestar y «perplejidad» por la autorización y aseguró que el procedimiento tiene «tantas irregu- laridades» y «tan descaradas» que al Gobierno «no le va a quedar más remedio que bajarse del burro delante de un juez».

El representante de la asociación declaró que la próxima semana presentarán un recurso de alzada que, según explicó, es un trámite administrativo al que «sabemos claramente que el Gobierno Vasco va a hacer oídos sordos». Una vez denegado, Izate acudirá al TSJPV. «Nos retaron a que acudiéramos a los tribunales si no estábamos de acuerdo con su decisión, y habrá que aceptarles el reto», subrayó.

Al margen de los recursos administrativos y de la vía judicial, la resolución deja la patata caliente en manos del Consistorio de Muskiz, gobernado por EA y PSE. Mientras EA se opone abiertamente a la URF y aboga porque Petronor cumpla de una vez la ley en su complejo petroquímico, sus socios, al igual que hizo el PNV en el pasado, son defensores a ultranza de los planes de la filial de Repsol.

Marcos Cuco, delegado de Medio Ambiente, informó a GARA de que no habían recibido la resolución y que aguardarán a que se publique en el boletín. El Ayuntamiento no puede impugnar la decisión, aclaró el edil de Eusko Alkartasuna, por lo que serán los vecinos los que tendrán que hacerlo por vía administrativa, aportando las irregularidades que estimen que hayan cometido, y el Consistorio deberá emitir un informe. Marcos Cuco apuntó que en octubre los técnicos municipales detectaron incumplimientos urbanísticos.

La empresa que preside el ex presidente del PNV solicitó en julio las pertinentes licencias de obras y de actividad, que fueron desestimadas por no contar con la AAI. Ahora, cuando las pida, el Ayuntamiento remitirá la petición a Costas, «porque tiene que decir mucho al ser dominio marítimo-terrestre», antes de pronunciarse. Marco Cuco avanzó de que pasarán algo más de seis meses antes de que Petronor pueda tener los permisos.