El Senado argentino ha dado luz verde a la nacionalización de los planes de pensiones hasta ahora en manos privadas con 46 votos a favor y 18 en contra. Esta reforma supone el traspaso al Estado de los millonarios recursos que desde hace 14 años están en las carteras de las Administraciones de Fondos y Pensiones (AFJP), controladas por bancos y aseguradoras argentinas, españolas, holandesas y estadounidenses. La nueva norma, aprobada tras más de doce horas de intenso debate, constituye una contundente victoria del Gobierno de Cristina Fernández.

La iniciativa gubernamental establece que la administración de los fondos estára sujeta a la supervisión de una comisión bicameral de control y de un consejo integrado por empresarios, trabajadores, jubilados, funcionarios, entidades bancarias y legisladores.

Es, sin duda, el proyecto más importante impulsado por el Ejecutivo, ya que le permitirá contar con unos 20.000 millones de euros acumulados en los fondos privados de jubilaciones, además de sumar los ingresos mensuales que se abonan para fondos de pensiones.

El oficialismo consiguió asegurarse con relativa tranquilidad los votos necesarios para eliminar el sistema puesto en marcha en 1994, durante el Gobierno de Carlos Menem, ya que previamente había obtenido el respaldo de la Cámara de Diputados con una holgada mayoría.

Poco después del comienzo de la sesión, el vicepresidente de la comisión de Trabajo y Previsión, Julio Miranda, subrayó que «las propias AFJ han reconocido que en los 15 años de vigencia del sistema no han logrado cumplir con lo que era el anhelo inicial. Cuando hay necesidades y derechos se busca cubrirlos y darles soluciones».

En el lado opuesto, el bloque de la Unión Cívica Radical rechazó el proyecto y dijo que se trata de una «confiscación», al tiempo que puso en duda la capacidad de control del Consejo del Fondo de Garantía y la Comisión bicameral, creados a través del texto, para dirigir los fondos previsionales.

La presidenta, satisfecha

La presidenta argentina, de gira oficial por el norte de África, expresó su «satisfacción» por la decisión del Parlamento y aseguró que «la protección de los jubilados es una política de Estado irrenunciable».

Por su parte, el titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social, Amado Boudou, explicó que el dinero acumulado por las empresas de jubilación privadas será utilizado «para inversiones de largo plazo de mano de obra intensiva y para sostener la economía de la Argentina en este periodo en que se vive».