Hace escasos días han sido sacados de prisión Marilo Gorostiaga y Anjel Figeroa, dos de los presos políticos que engrosan la lista de los vascos encarcelados con enfermedades graves e incurables. Pero lo cierto es que, según denunció ayer el movimiento pro-amnistía, no han sido liberados, sino que han pasado a ser encarcelados en sus propios domicilios, a través de una serie de medidas que no cuentan con sostén jurídico alguno y en las que sí advierten claras pretensiones de venganza y chantaje. Es más, según detallaron, el Gobierno español se ha apresurado a aplicarles una serie de medidas que estarían contempladas en el proyecto de reforma del Código Penal español, pactado entre PP y PSOE y validado hasta ahora sólo por el Consejo de Ministros.

En la comparecencia que llevó a cabo ayer en Donostia el movimiento pro-amnistía no tomaron parte los principales protagonistas de la rueda de prensa. Ni Marilo Gorostiaga, ni Anjel Figueroa ni Mikel Ibáñez se personaron al hotel donostiarra; y no lo hicieron porque una de las medidas que les ha impuesto Madrid para poder acceder a la prisión atenuada ha sido la prohibición de realizar declaraciones o atender a los medios de comunicación.

Esta singular medida represiva, al igual que otras más que les han sido fijadas, no cuentan con soporte alguno en el Código Penal. Mientras, la legislación española sí contempla diferentes leyes y normas para la puesta en libertad de los presos con graves e incurables enfermedades, pero, sin embargo, más de una docena de prisioneros políticos vascos continúan todavía dispersados por el Estado español. Reciben constantes denegaciones ante la petición de la aplicación del artículo 92, y sufren más restricciones sobre los derechos correspondientes como personas y como presos.

La abogada Ainhoa Baglietto fue la que explicó a los medios cuáles han sido las restrictivas medidas impuestas a estos tres prisioneros vascos. Medidas forzadas ya que, según denunció la letrada, la prisión atenuada les ha sido planteada como un chantaje que se veían obligados a aceptar al correr riesgo su propia vida debido a las graves enfermedades que padecen.

Figeroa ha empeorado

Fue por boca de Baglietto como se informó, además, del empeoramiento de la salud de Figeroa. El preso político de Algorta padece, entre otras dolencias, ataques continuos de epilepsia que vienen acompañados de crisis nerviosas. Ha sido intervenido quirúrgicamente y, «desgraciadamente, no ha sido satisfactorio y ahora se le han afectado los dos lóbulos cerebrales», explicó la abogada.

A su vez, recordó que Ibáñez padece de un linfoma extendido y Marilo Gorostiaga de un cáncer, además de ser diabética, entre otras dolencias. Aunque al ser excarcelados se dio a entender que quedaban libres, en realidad su situación es de prisión atenuada. Uno de ellos, además, concretamente Ibáñez, por su condición de preso preventivo debería estar en libertad provisional, al margen de la enfermedad que padece.

La supuesta «atenuación», sin embargo, tampoco es tal, según se desprende de las medidas restrictivas fijadas contra ellos. En el caso de Mikel Ibáñez, no puede abandonar el domicilio fijado si no es para acudir al médico, y todo ello bajo previo aviso. Figeroa se encuentra en la misma situación; no puede salir de casa. Aunque Gorostiaga cuenta un horario restrictivo, sí puede salir a la calle, pero nunca sin permiso judicial. Los tres deben informar de antemano y obtener el visto bueno incluso para acudir a los juzgados.

Llamadas a la movilización

Es por ello que en la comparecencia denunciaron que han sido sacados de prisión para encarcelarlos en sus domicilios.

Además, Baglietto denunció que tanto a Ibáñez como a Figueroa y Gorostiaga les han aplicado medidas con carácter retroactivo. Tampoco pueden abandonar los pueblos en los que han fijado el domicilio y siempre deben dormir en ellos.

«Esto es toda la libertad con la cuentan. Por no poder, no pueden ni estar aquí, porque les han impuesto la prohibición de participar en esta rueda de prensa», prosiguió la letrada.

Por su parte, Jon Garate e Inaxio Iriondo, miembros del movimiento pro-amnistía de Elgoibar y amigos de Mikel Ibáñez, denunciaron que la política penitenciaria niega todos los derechos a los presos políticos vascos y evidenciaron que a los citados tres represaliados «los tienen presos en la calle». Ello, a su juicio, demuestra hasta qué punto llega el chantaje político que intenta emplear el Estado español contra los prisioneros políticos vascos.

Además, recordaron que han sido las movilizaciones y la presión social las que han forzado que al menos estos tres presos gravemente enfermos se encuentren ahora en casa, aunque en esta situación. Pero subrayaron que a fecha de hoy siguen más de una docena de vascos encarcelados con enfermedades graves. Es por ello que finalizaron la comparecencia resaltando la necesidad de la movilización social.