ELA exige distribuir la riqueza, aumentar el gasto social y más justicia fiscal
ELA plantea en su 12º Congreso una resolución para «Distribuir la riqueza: más rentas de trabajo, más gasto social y más justicia fiscal». Adolfo Muñoz, «Txiki», que relevará a José Elorrieta, afirmó que «los gobiernos han defendido siempre los intereses de los más privilegiados, cuando obtenían enormes beneficios económicos y cuando aparece la crisis». ELA exige que no se rebajen los impuestos a los empresarios y reclamará subidas salariales por encima del IPC.
Juanjo BASTERRA |
Ante la crisis económica, ELA considera que las administraciones públicas deberán poner en marcha actuaciones en favor de «la distribución de la riqueza, aumentando el gasto social y aplicando más justicia fiscal», como expresó Adolfo Muñoz, Txiki, actual secretario general adjunto, que compareció junto al líder sindical José Elorrieta y a Mikel Noval, responsable de Política Social.
ELA realizará una campaña a lo largo de los próximos meses para explicar las razones de la crisis y las causas en las que se sustenta. Para ello, en la resolución que presenta al 12º Congreso señala que los gobiernos «sólo han servido a los intereses privados» y «han fomentado la especulación». Sostiene que «la responsabilidad de la actual situación recae en los gobiernos, que han desertado de su responsabilidad pública, dejando el funcionamiento en manos única y exclusivamente del mercado. Han liberalizado y desregulado los movimientos de capitales, han precarizado e individualizado el empleo y las relaciones laborales, y han reducido drásticamente -como dijo Adolfo Muñoz- el peso del sector público, por la vía de las reducciones de impuestos a las rentas altas y al capital, llevando a cabo privatizaciones y subcontrataciones y recortando las coberturas sociales».
Ante este panorama crítico, la central reclama dos vías directas de actuación. La primera es la apuesta por garantizar «políticas de reparto de la riqueza en las empresas». ELA realizará un análisis «empresa por empresa, sector por sector» para conocer la envergadura de la crisis y, ante la negociación colectiva, exigirá que los salarios crezcan por encima del IPC y se opondrá a «los recortes de plantilla».
Mikel Noval insistió en este caso en que «un aumento de las rentas de trabajo es una importante contribución al relanzamiento del consumo, en especial si tenemos en cuenta la gran extensión alcanzada por los empleos con salarios inferiores a mil euros».
El otro esfuerzo se tiene que circunscribir al ámbito del sector público, que «deberá ser más activo con el objetivo de cambiar las políticas sociales y fiscales». Adolfo Muñoz exigió que se ponga fin a esa manera de hacer política «al servicio del capital y de los empresarios», que ha conllevado una «acumulación de capital sin precedentes. El capital ha hecho lo que le ha dado dado la gana». Txiki Muñoz dijo que la responsabilidad de esta «oleada neoliberal» no sólo recae en Estados Unidos, «sino que los gobiernos y políticos cercanos a nosotros también han privilegiado a las rentas empresariales».
Entre las opciones que manejan se encuentra el aumento del gasto social y un reconocimiento y cobertura de más derechos sociales.
Para ELA, «la política fiscal debe ser instrumento para un modelo social más justo y solidario». Piden por ello a las ha- ciendas forales que den marcha atrás en «la liberación de impuestos a los empresarios, porque es necesario recaudar más». En este caso, Muñoz afirmó que «las rentas de capital tributan al 18% y, sin embargo, los trabajadores pagamos un mínimo del 23%. Eso lo tiene que saber la ciudadanía. La Administración pública ha privilegiado a los empresarios. Les perdona impuestos y les reduce el pago de tasas», precisó el líder sindical.
En los próximos meses ELA desarrollará una campaña informativa para dar a conocer a la sociedad que los gobiernos «han favorecido a las rentas privilegiadas, bajándoles los impuestos y elevando sus ayudas».
Entre 1993 a 2007, los asalariados vascos han perdido más de 3.000 millones, es decir, una media de más de 2.000 euros por empleado. Sin embargo, los beneficios empresariales han ocupado una mayor proporción de la riqueza generada en Hego Euskal Herria.
Adolfo Muñoz recordó en la comparecencia pública que la actual desregulación del mercado laboral supone que «no hacen falta expedientes de regulación para prescindir del 40% de los puestos».
Destacó que «la política neoliberal ha alcanzado una desregulación del mercado en la que no se necesitan expedientes de regulación de empleo para expulsar del mercado laboral a una parte importante de los trabajadores». Recordó la alta temporalidad existente en el mercado vasco, que duplica prácticamente la media europea, y la importante incidencia de las empresas de trabajo temporal y de las empresas de servicio «por lo que no hace falta recurrir a expediente; el empresario puede recortar empleo cuando quiera. Se les ha beneficiado de tal manera que pueden hacerlo por esa vía fácil», se lamentó.
En este caso, ELA reconoció que durante los tres últimos lustros, en los que los beneficios económicos de las empresas han sido elevados, «los gobiernos han profundizado en reformas del mercado de trabajo para desregularlo más» con «la complicidad del diálogo social. No le vamos a dar prioridad. Nuestro sindicato se fijará en activar la acción sindical y la negociación colectiva para lograr una política social más acorde con los intereses de los trabajadores».
Muñoz recordó que «no vamos en el mismo barco, ni en la fase de crecimiento ni en la actual» y lamentó que, ante este escenario, «se estén planteando nuevas reformas laborales, fiscales y de las pensiones para perjudicarnos más».
