La ley aprobada ayer reconoce los servicios sociales como «un derecho universal subjetivo», trata de homogeneizar las prestaciones en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa y regula la figura del copago. El texto salió adelante con los votos del tripartito y PSE. Por su parte, Ezker Abertzalea presentó una enmienda a la totalidad, Aralar se abstuvo y el PP se mostró contrario en materia de financiación e inspección.

El tema de la inspección ha sido uno de los más polémicos. PSE, PP y Ezker Abertzalea acordaron el pasado jueves crear un servicio de inspección dentro del Gobierno de Lakua para investigar los servicios sociales y ayudas de las instituciones autonómicas, incluidas las diputaciones y ayuntamientos. La propuesta fue aprobada en comisión parlamentaria, con el rechazo de PNV, EA y EB.

Sin embargo, en el pleno celebrado ayer, el tripartito, PSE y Aralar presentaron una enmienda según la cual el Gobierno deberá realizar, en el plazo de dos años, un decreto que regule un servicio de inspección general de los servicios sociales para «verificar y garantizar el ejercicio efectivo del derecho subjetivo que reconoce la ley». Pero el PP se mostró en contra, por lo que, según el reglamento de la Cámara, no pudo votarse.

Finalmente, el tripartito, PSE y Ezker Abertzalea apoyaron las enmiendas de Aralar, en las que se establece que corresponde a Lakua la alta inspección en materia de servicios sociales «con el fin de garantizar el ejercicio efectivo del derecho subjetivo que reconoce la ley».

La ley aprobada configura un sistema de servicios sociales concebido como «una red de atención pública para la integración social, la participación y la autonomía de las personas».

Este marco estará integrado por planes, prestaciones, servicios, programas y equipamientos, tanto de titularidad pública como privada. Su finalidad será la de prevenir y detectar situaciones de dependencia, desprotección o emergencia y atender las necesidades sociales derivadas de ellas.

La referencia de funcionamiento de este sistema será el modelo de atención comunitaria, de modo que se adaptarán recursos y prestaciones a las características de las comunidades locales.

El sistema prioriza los servicios personales frente a prestaciones económicas. Tanto los unos como las otras tendrán carácter universal y consistirán en medidas técnicas (información, valoración, diagnóstico, orientación, mediación, atención doméstica y personal, y acompañamiento social), económicas y tecnológicas.

Para garantizar la provisión de servicios, las administraciones públicas podrán articular formas de gestión con la iniciativa privada, como la concertación (prestación de servicios privados con dinero público sostenidos en el tiempo), convenios de colaboración o contratos de gestión.

Es un derecho «exigible»

El texto garantiza el derecho de toda persona a los servicios sociales y a acceder a las prestaciones y servicios integrados en el sistema público de servicios sociales. El acceso a estas prestaciones y servicios se configura como «un derecho subjetivo exigible por vía administrativa y/o judicial».

El consejero de Servicios Sociales, Javier Madrazo, resaltó que esta ley «trae nuevos hitos importantes para la vida cotidiana de los afectados».

Bakartxo Tejeria (PNV) reiteró su desacuerdo en el tema de la inspección, al considerar que las diputaciones de los tres territorios están en contra de esta figura. Gemma Zabaleta (PSE) advirtió de que el texto que ayer salió adelante «de poco servirá si no se aprueba pronto una Ley Municipal que acredite las competencias», y añadió que «lo importante es decidir un sistema de copago que garantice que los que no tengan recursos puedan acceder a los servicios sociales».

Karmele Antxustegi (EA) dijo que es necesaria una nueva ley que «se adapte a las necesidades de la sociedad para dar un servicio integral y un nuevo marco de desarrollo que tenga su base en el derecho subjetivo».

En lo que se refiere a la enmienda a la totalidad de Ezker Abertzalea, ésta fue rechazada por todos los grupos y con la abstención de Aralar. Nekane Erauskin explicó que la petición de devolución del proyecto de ley estaba motivada en que el articulado de la reforma «no hace frente de manera eficaz a las causas estructurales que motivan la necesidad de recurrir a los servicios sociales».

Asimismo, se mostró en contra de los servicios privados y apostó por dar «prioridad» al establecimiento de una red de centros y servicios de titularidad pública.