La polémica en torno a la falsedad o veracidad de los hallazgos de Iruña Veleia está lejos de cerrarse. La Fiscalía de Gasteiz recogió ayer la denuncia que ha presentado la Diputación de Araba contra la empresa Lurmen, dirigida por Eliseo Gil, que gestionaba el yacimiento hasta que el ente foral revocara el permiso el pasado 20 de noviembre. Es en contra de esta decisión cómo se posiciona un manifiesto promovido por Arantxa Zabala, secretaria de la sociedad cultural Agiñalde, y Patxi Alaña, miembro de Euskararen Jatorriaren Biltzarra. Esta iniciativa se presentará al público hoy al mediodía en el marco de la Azoka de Durango.

El supuesto delito en el que se basa la denuncia que la diputada de Cultura, Lorena López de Lacalle, presentó ayer ante la Fiscalía es el de ataque al Patrimonio Cultural. «Tengo la esperanza de que la denuncia sirva para que los tribunales puedan llegar a esclarecer todo lo ocurrido», aseguró.

Manifiesto

En el otro lado, existen voces divergentes que apuntan a la existencia de demasiadas dudas que no permiten hacer valoraciones concluyentes. El manifiesto ha estado impulsado por Zabala y Alaña y ya cuenta con el apoyo del profesor de la UPV Alfontso Martinez Lizarduikoa. En el documento, al que ha tenido acceso GARA, se acusa a la Diputación de haber «tratado de falsificadores» al equipo encabezado por Gil y de haber «creado una imagen mediática que nunca se podrá recomponer». Apuntan, además, a que existen demasiadas dudas que cuestionan la actuación del ente foral.

El manifiesto detalla ocho razones por las que se pone en duda el valor del informe presentado por la Comisión Científica de Investigación ante las Juntas Generales -que sentenciaba la falsedad de los grafitos- y las posteriores decisiones que ha tomado la Diputación. Aseguran, entre otras cosas, que las dataciones no se han repetido, que los miembros de la comisión no han visitado las excavaciones y que no se han relacionado con los arqueólogos y que el plazo de alegaciones se ha abierto después de la sentencia. Tras argumentar cada una de sus dudas, lanzan tres peticiones a la Diputación. Por un lado, exigen que se repitan las dataciones en otros laboratorios. Además, piden que se mantenga el acuerdo con la empresa Lurmen apelando a los indicios que apuntan a la veracidad. Por último, llaman a que se haga público todo el material y se inicie un proceso abierto de información y discusión.