Hoy se cumplen treinta años desde que los españoles apoyaron mayoritariamente la Constitución con la que se selló formalmente el final de franquismo, cumpliendo así el sueño que para entonces ya acompañaba todas las noches a una gran mayoría de ellas y ellos. Los mismos años desde que una mayoría de vascos dijo que esa Constitución no era la suya y que no sólo no garantizaba la futura realización de sus sueños, sino que los negaba de manera estructural.

La muerte de Franco generó grandes expectativas tanto entre españoles como entre vascos. Abrió, asimismo, un abanico de caminos potenciales de los cuales en el caso de los vascos sólo se han recorrido unos, aquellos que por vericuetos legales, políticos o militares conducen al punto cero. Los mismos proyectos que en el franquismo estaban vetados siguen negados por ley: el federalismo, el republicanismo y el independentismo. Los partidos políticos que renunciaron a hacer efectivos esos proyectos pasaron de ser ilegales a ser institucionales. Los que no renunciaron son perseguidos e ilegalizados de nuevo. En el Estado español quienes no renunciaron fueron enviados al ostracismo o a la marginalidad. En Euskal Herria quienes no renunciaron siguen conformando una alternativa política y social, y son enviados a la cárcel. Cárceles que albergan a más presos políticos que nunca desde entonces, a las que conducen torturas aún más sofisticadas aplicadas por los mismos cuerpos y un Código Penal en muchos puntos más regresivo y cruel que el de la dictadura.

En términos históricos treinta años no son apenas nada. En términos personales o vitales son media vida o incluso una vida entera. Pero treinta años de negación son demasiados desde todo punto de vista. Más aún si a esa negación de derechos establecida por ley en la Constitución hay que sumarle la sistemática negación de la realidad social y política de Euskal Herria y de responsabilidades políticas al respecto. Demasiadas negaciones, durante demasiados años.