La derecha levantisca se revuelve contra la realidad y contra la voluntad popular. No es de extrañar: son así. Ahora se han empeñado en disolver ayuntamientos por la gravedad de la decisión ciudadana de elegir a concejales de ANV.

El editorialista de «Diario de Navarra» lamentaba que «con la ley en mano, no es fácil, aunque no imposible, disolver un ayuntamiento como el de Azpeitia, que condenó el asesinato de Uría». O sea que, aunque haya condena, la cosa es disolverlo. Y quién sabe si derribar la casa consistorial.

Y lo expresa, además, con descaro: «Está claro que ANV no puede estar en una institución democrática. Se puede y se debe hacer lo posible por echar de los ayuntamientos a los proetarras, por vía política -mociones de censura- y por la legal».

También el escribiente de Pedro J. Ramírez anda alborotado e insiste: «hay argumentos jurídicos más que suficientes para intentarlo con altas posibilidades de éxito». También el de «El Mundo» se refiere, claro, a la disolución de los consistorios.

El editorialista recita toda una batería de argumentos para pisotear la voluntad popular expresada en las urnas y se jacta, además, de que «todo ello podría ser utilizado por el Gobierno para proceder a la disolución de todos o buena parte de esos 42 ayuntamientos y afrontar con garantías los eventuales recursos ante los tribunales. Lo que desconcierta es la negativa a intentarlo pese a que la literalidad de la ley y los argumentos del Supremo permiten sustentar esa decisión. ¿No será que el Gobierno carece de voluntad política? Esa es la acusación que formuló ayer Rosa Díez, con una tenacidad digna de encomio». Son insaciables, ¿verdad?

Y también «Abc» se apuntaba al carro de los lamentos: «la sentencia de disolución de ANV no está debidamente ejecutada. Además, esta situación es igualmente icompatible con al suspensión cautelar de actividades que decretó el juez Garzón (...). Este proceso también habría permitido actuar contra los grupos municipales de ANV. Hay un mal que es irreversible -la conservación de las actas de concejal en manos de los proetarras- por no haber actuado a tiempo, pero otros pueden remediarse, aunque sea en parte, si se ejecuta la sentencia del Supremo en su integridad». El culebrón continúa.