Las torturas a los detenidos la semana pasada han sido recogidas en dos informes médicos, tanto en el realizado por el forense de la Audiencia Nacional como en el escrito por un médico de su confianza, que pudo visitarlos en virtud del protocolo que les aplicó el juez. Pero, según ha transcendido, el juez Santiago Pedraz no quiso recibir este informe hasta después de terminado el periodo de incomunicación, haciendo dejación de su responsabilidad de tutela sobre los detenidos y convirtiendo el protocolo en inútil. Cabe recordar que ese protocolo ha servido de base para el Plan de Derechos Humanos con el que el Gobierno de Rodríguez Zapatero pretende acallar las críticas recibidas por parte de diversos organismos e instituciones internacionales. Sin embargo, a los detenidos esta semana el juez Ismael Moreno ha decidido no aplicarles ese mismo protocolo, evidenciando que los mecanismos para garantizar los derechos de los vascos detenidos por cuestiones políticas, por mínimos e ineficaces que sean, se aplican a gusto de cada juez. Es de esperar que los organismos internacionales sigan pidiendo el fin del régimen de incomunicación, única garantía real para acabar con la tortura.