El presidente del Gobierno de Nafarroa, Miguel Sanz, lleva meses intentado inocular en la sociedad navarra un concepto nuevo: que el euskara no entra en el catálogo de lo que Sanz llama «lenguas comerciales» y, por tanto, no merece el trato que sí corresponde a otras como el inglés. El líder de UPN lo ha vuelto a exponer en su discurso navideño. Y, sobre todo, lo ha reflejado en los presupuestos para 2009, en los que se producen situaciones tan sangrantes como que la ayuda pública a los 30 medios euskaldunes caiga desde los 310.000 euros a ¡9.567!

El argumento de Sanz no resiste un mínimo contraste con la realidad. Que el euskara sí es «comercial» lo demuestran año a año los cerca de 100.000 euskaldunes y euskaltzales que participan en la mayor fiesta que se celebra anualmente en Nafarroa después de los Sanfermines: el Oinez. Y que el euskara «vende» lo evidencian también los padres y madres que escogen cada año el modelo D para sus hijos e hijas de modo creciente, pese a todas las trabas impuestas.

El problema del euskara en Nafarroa no es, pues, de comercialidad, sino de oficialidad.

La falta de reconocimiento oficial a la lingua navarrorum es la que permite que UPN juegue con la política lingüística como si fuera una veleta. Hace apenas un año y medio, Miguel Sanz decidió que era conveniente para su estrategia dulcificar su posición en este terreno; cambió a Luis Campoy y Pedro Pegenaute por Carlos Pérez-Nievas y Xabier Azanza, creó Euskarabidea con la intención de lavar la cara a la política lingüística, modificó al alza la puntuación del euskara en algunos baremos y presupuestó 310.000 euros para los medios euskaldunes. Un año después, hace justo lo contrario, y lo hace con la misma Ley del Vascuence en la mano.

Los derechos de los euskaldunes no pueden estar al pairo de las conveniencias partidistas y de las fobias de UPN. La oficialidad es la única garantía para que el euskara se desarrolle en Nafarroa. Una lengua que, además, ese día será aún más comercial de lo que ya es.