Cada cierto tiempo escuchamos a los inquilinos de las instituciones, que se llenan sus bolsillos a nuestra cuenta, que debemos utilizar el transporte público con el fin de consumir menos derivados del petróleo y, de esa manera, contaminar menos y mejorar la sostenibilidad del planeta. Ese paso permitiría, además, descongestionar las carreteras y las vías urbanas de vehículos. Me pregunto si esa pretensión es real o sólo se hace de cara a la galería para quedar, una vez más, bien con el público, porque, como decían algunos analistas económicos, «lo verde, vende más». ¡Según qué verde!, digo yo.

No tengo ninguna duda que se trata de una estrategia de estos «ocupasillones» para guardar las apariencias, para justificar obras injustificables como el TAV, y un largo etcétera, que destruyen nuestras zonas verdes, nuestra zona natural, esa que nos da la vida.

Hace tiempo que escuché de algunos dirigentes de las administraciones públicas que a quienes viajamos en el transporte público se nos iba a compensar de alguna manera por, precisamente, avanzar hacia esa sostenibilidad. Mentira. Salvo algunos descuentos, muy cortos, no he visto nada. De hecho, Renfe Operadora o Adif, que ya uno no sabe quién es responsable de qué en esta empresa de carácter público de derecho privado, ha tenido el descaro de elevar en un 11% (un 10,92% para ser exacto) el abono mensual de dos viajes -de ida y vuelta- entre Bilbo y Laudio desde comienzos de este año. Es más de cinco veces la inflación que se prevé para 2009, aunque la falta de actividad podría reducir la inflación a menos del 1% al terminar diciembre.

Este abusivo incremento, sin duda, tendría que hacer intervenir a las autoridades, pero la realidad demuestra que permanecerán ciegas, sordas y mudas, porque unos y otros conocen sus trampas. Niegan a los trabajadores incrementos salariales por encima del IPC, porque «estamos en crisis» y, por otro lado, multiplican por cinco los precios de los servicios para hacer caja a cuenta de todos. ¿Quién se lleva ese beneficio extraordinario? Lo tengo claro, sólo habría que revisar las cuentas de los altos cargos y directivos. ¡Vaya cara!