Tanto el PSOE como el PP no ocultaron su satisfacción por las detenciones, aunque el primero intentó quitarle importancia y dar una imagen de rutina. El secretario general del PSE, Patxi López, afirmó en Elgoibar que la redada debe enmarcarse en la «normalidad de un Estado de Derecho que combate a la violencia, no sólo a la banda terrorista, sino a todo lo que le acompaña». Y dejó claro que su parti- do apoyará «este combate a la violencia y al terrorismo».

En coherencia con ello, desde Madrid no hubo más declaraciones al respecto que las del ministro de Interior para tratar de justificar policialmente las detenciones. Tras el Consejo de Ministros de los viernes, la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, no abordó la cuestión, cosa que sí hizo con el resto de temas de actualidad, como la crisis económica, el caso de espionaje detectado en la Comunidad de Madrid o la próxima huelga de jueces. Ningún otro mandatario del Gobierno o del PSOE habló de la redada. José Luis Rodríguez Zapatero estará mañana en Donostia, ya que tiene previsto un acto electoral en el Teatro Victoria Eugenia junto a Patxi López.

Desde el PP, su presidente en la CAV, Antonio Basagoiti, calificó los arrestos de «muy positivos» e incluso de «lo mejor para la paz y la libertad, y lo más eficaz para que haya tranquilidad y para vencer a ETA». Hizo ver al PSOE que ése es el camino adecuado, pero le instó a que dé más pasos en esta línea porque «no se puede pedir a un pueblo que se rebele cuando tiene un alcalde de ANV porque Zapatero lo quiso».

El Gobierno de Lakua respondió con un elocuente silencio a esta redada. Juan José Ibarretxe participó por la mañana en un acto empresarial en el que no habló del tema. La única nota emitida por Lehendakaritza durante el día fue para anunciar que hoy acudirá al partido de baloncesto Tau-Unicaja.

Iñigo Urkullu, presidente del PNV, sí tuvo que hablar, ya que estaba citado para una entrevista matinal en Radio Euskadi. Allí valoró la redada, pero sin concederle excesiva importancia. De hecho, la situó como «un juego interesado del PSOE y el PP», pero también «por parte de la izquierda radical, que hace victimismo». Habló también de maniobra de distracción: «Al Gobierno español no le interesa que se destaquen en los medios otras noticias, y así se tapan con este tipo de informaciones», opinó el líder del EBB.

Además de la izquierda abertzale, EA y Aralar fueron los únicos partidos que mostraron preocupación por la redada. Unai Ziarreta, presidente de EA, dijo en Herri Irratia que «esto se enmarca en otra operación mayor para que la izquierda abertzale no esté presente» el 1 de marzo. Resaltó además el ataque a las vías políticas, dado que «mientras no se demuestre lo contrario, tanto Amparo Lasheras como Arantza Urkaregi estaban en la línea de hacer política». Y valoró, en resumen, que entienden que se persiga a personas por cometer delitos, pero no por sus ideas.

Aralar calificó de «muy grave» la operación, mostró su solidaridad a los afectados y recordó al Estado español que «las ideas no se pueden criminalizar», en palabras de su vicecoordinador, Jon Abril.

Para el sindicato ELA, «es inconcebible que se pretenda negar el derecho a participar en el proceso electoral a todo un espacio político y a unos ciudadanos y ciudadanas que, en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos, quieren hacerlo. Pretender eliminar políticamente la expresión electoral de este espacio es del todo inaceptable en democracia». Exigió la derogación de la Ley de Partidos y la libertad de los arrestados, y denunció además «la falta de cre- dibilidad de un sistema judicial utilizado para fines de marcado sesgo político».

Desde la izquierda abertzale, el movimiento pro-amnistía tildó esta nueva redada de «el último capítulo de la loca estrategia represiva del Gobierno español. Ser independentista se paga con la detención y la cárcel en Euskal Herria, hacer trabajo político se paga con sufrir la represión salvaje».

Tras hacerse eco de la cercanía de las elecciones al Parlamento de Gasteiz, este movimiento subraya que la redada prueba «a qué punto llega el Estado de excepción impuesto. El Gobierno español se burla una y otra vez de los principios básicos de la democracia. En Euskal Herria no existe el sufragio universal, no hay elecciones libres. En Euskal Herria cualquiera no puede ser candidato. En Euskal Herria se niega el derecho a votar a miles y miles de personas. ¿Qué modelo de democracia es éste?», se pregunta.

Con esta última operación, el movimiento pro-amnistía entiende que Zapatero y Rubalcaba han querido mandar un claro mensaje: «Están dispuestos a llegar lejos en la Cruzada contra el independentismo. Todo vale: valen las detenciones masivas de representantes políticos, vale la cárcel, vale la tortura, vale la ilegalización». Así las cosas, incide en la necesidad de movilizarse y responder a este tipo de agresiones.

Por otro lado, Begoñe Agirre, representante independentista en las Juntas de Bizkaia, reclamó a esta institución un posicionamiento urgente sobre las detenciones, más aún cuando entre los arrestados está la juntera electa Arantza Urkaregi. Se solicita que las Juntas vizcainas se interesen por su situación, «por un lado llamando a la Audiencia Nacional para recibir información, y por otro exigiendo al juez Garzón que levante la situación de incomunicación».