Cualquier persona mínimamente interesada en la situación de las libertades políticas y civiles en el mundo habrá visto con sorpresa cómo durante los últimos años, en los que la denominada «guerra contra el terrorismo» ha dilapidado lo poco de garantista que tuviesen los sistemas jurídicos occidentales, diferentes informes sobre el tema realizaban críticas muy duras en relación a la evolución de esas libertades en estados como Gran Bretaña o Canadá, a la vez que señalaban que en el Estado español no se habían dado cambios sustanciales en ese sentido. Lo que no tenían en consideración esos estudios es que el Estado español había sido pionero en ese giro mucho antes de que los aviones se incrustasen en las Torres Gemelas y en el Pentágono, y que el «waterboarding», el aislamiento, la prisión preventiva indefinida o la indefensión jurídica eran a la cultura jurídica y policial de los españoles lo que el té a los ingleses y los deportes de invierno a los canadienses. Y así lo confirman varios informes de entidades de la ONU sobre la cuestión de la tortura o la sentencia del Tribunal de Estrasburgo en el caso Mikel Iribarren, por poner tan sólo dos ejemplos.

Ahora que Obama ha comenzado a desmantelar parte de la ingeniería jurídica que Bush montó para subvertir los términos y generar una total impunidad en su cruzada «antiterrorista», los mandatarios españoles se congratulan de esos pasos porque consideran que siguen la senda abierta por Rodríguez Zapatero. Asimismo, no tienen empacho en cuestionar la legitimidad e imparcialidad de la ONU para enjuiciar su compromiso con los derechos humanos.

La detención de ocho militantes políticos que intentaban conformar una lista electoral para los comicios al Parlamento de Gasteiz supone un nuevo paso en esa soberbia. Además de suponer un claro ataque contra la pluralidad política y contra los derechos civiles y políticos, esa operación se da en términos «preventivos». Recientemente Human Rights Watch pedía a Obama que renunciase definitivamente a las «detenciones preventivas», porque reproducían los mismos defectos del sistema de Guantánamo. El Estado español se permite dar clases en esas materias porque es pionero.