La obsesión del Estado español por aniquilar el independentismo vasco es tal que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no tiene reparos a la hora de lanzar a sus huestes policiales contra activistas políticos en el arranque de una campaña electoral, como sucedió la madrugada del viernes en Euskal Herria, cuando cientos de agentes encapuchados tomaban las calles antes de asaltar los domicilios de los ocho detenidos y de otros ocho militantes abertzales. Es más, el Ministerio de Interior se «coordinó» perfectamente con algunos medios periodísticos para difundir imágenes tan expresivas como las que permiten ver a personas armadas junto a carteles en los que se llama a firmar a favor de D3M o en los que se reclama una solución democrática al conflicto. Esos personajes armados no eran militantes de la izquierda abertzale, sino de las Fuerzas de Seguridad del Estado, las mismas FSE que apenas unas horas antes habían puesto sobre la mesa del juez Garzón lo que éste quería ver: los datos que prueban que las personas detenidas actúan en la vida pública vasca como representantes de una opción política legítima -algo tan obvio como eso se ha convertido en delito en el Estado español, por lo que la indefensión de los arrestados es absoluta- y que, una y otra vez, es legitimada en las urnas por una gran parte de la ciudadanía.

Precisamente, ese certificado de legitimidad es el principal objetivo de esta larga serie de operaciones contra portavoces y militantes de la izquierda abertzale. Lo que ya no puede soportar el Estado español es que sus esfuerzos por borrar del mapa político europeo el independentismo vasco se estrellen, de una u otra forma, contra las urnas. No puede soportar que en cada noche electoral se escuchen decenas de miles de voces reclamando una solución dialogada que ponga fin a este conflicto asegurando que se respetarán los derechos colectivos de Euskal Herria y se darán las mismas oportunidades a todas las opciones políticas para desarrollar sus proyectos.

Sin embargo, como se pone de manifiesto ante cada embate represivo, la izquierda abertzale mantiene su apuesta por responder con «más propuestas democráticas», como reiteraron ayer varios de los afectados directamente por la operación policial.

Las voces del independentismo

La izquierda abertzale también mantiene su apuesta por aunar las voces que reivindican la soberanía de Euskal Herria, una soberanía plena en la que sus ciudadanas y ciudadanos ejerzan el derecho a decidir su futuro. Pero lo hace convencida de que es posible materializar ese proyecto en un plazo no muy largo, marcando distancias con esas proclamas a futuro -más bien sine die- que el candidato jeltzale a repetir como lehendakari del Gobierno de Lakua lanza a los cuatro vientos para luego, sin ningún decoro, tragarse sus palabras cuando suenan los portazos de Madrid.

No es la izquierda abertzale el único agente que se reclama portavoz de esas aspiraciones, ni el único que dice estar dispuesto a dar pasos responsables para lograr esa acumulación de fuerzas soberanistas, pero hasta ahora no se ha logrado presentar ante la ciudadanía un proyecto consensuado. Es muy difícil que ese proyecto madure en este contexto. No obstante, el Gobierno del PSOE ha decidido activar sus recursos policiales y judiciales para borrar cualquier atisbo de esperanza. Por eso es más significativa aún la actitud que han tomado otras fuerzas políticas, como PNV y EB, en respuesta a la razia policial, al dedicar más esfuerzos a denunciar la «utilización» de la Ley de Partidos según «intereses electorales» que a poner de manifiesto la vulneración de derechos civiles y políticos que supone su aplicación para el conjunto de la sociedad vasca.

Con esa perspectiva es más fácil de entender que quien hace apenas quince días criticaba a los tribunales que se atreven a perseguir el diálogo político ayer guardara silencio ante una nueva operación que sólo puede enmarcarse en esa misma ofensiva. El único elemento que cambia de un proceso judicial a otro es el listado de nombres de los que se sientan en el banquillo: ni Ibarretxe, ni López ni Ares serán procesados de nuevo por llevar a cabo su actividad política; en cambio, se amplía el banquillo para los representantes de la izquierda abertzale.

Hacer cálculos electorales en estas circunstancias es muy arriesgado para quienes viven la política como una forma de manipular las aspiraciones de la ciudadanía. El 1 de marzo no se van a disputar únicamente 75 escaños en las urnas que se colocarán en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Lo que estará en juego es la democracia para Euskal Herria, porque si todas las opciones no están representadas en igualdad de condiciones, al día siguiente el conflicto político habrá dado un paso más en ese «ciclo largo de violencia» que auguró el ministro español de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, tras la ruptura del proceso negociador, frase que, paradójicamente, algunos medios madrileños insisten en adjudicársela a ETA.