Más de 700 inmigrantes forzaron ayer la valla que rodea el centro de internamiento de Lampedusa, al sur de Italia, para denunciar las condiciones de hacinamiento y la intención del Gobierno conservador de Silvio Berlusconi de acelerar las expulsiones. Los inmigrantes marcharon hasta el Ayuntamiento al grito de «libertad» y «ayuda». Tras pasar varias horas concentrados, regresaron voluntariamente al centro de detención que, pese a tener una capacidad máxima para 850 personas, alberga a más de 1.300. Muchas duermen a la intemperie bajo sábanas de plástico.

Berlusconi, de visita oficial en Cerdeña, negó que hubiera problemas en Lampedusa y que se trate de un centro de internamiento. «Quienes llegan allí son libres de moverse. En absoluto es un campo de concentración. Tienen libertad para ir a beber una cerveza», declaró.

Sobre la movilización de ayerdijo que, en realidad, «fueron a la ciudad como hacen habitualmente los sábados».

El Ministerio de Interior contribuyó a aumentar el malestar de los inmigrantes y organismos que trabajan con ellos al afirmar que «no tienen obligación de estar porque es un centro de acogida».

Antonio Virgilio, responsable en Italia de Médicos sin Fronteras, rechazó categóricamente ambas afirmaciones. «Se trata de un centro vigilado por efectivos policiales y nadie puede salir a tomar un café. Todas las organizaciones que trabajan en Lampedusa pueden corroborarlo», remarcó a la agencia AFP.

Las declaraciones de Berlusconi también indignaron a Laura Boldrini, portavoz de la ACNUR en Italia. «Hasta ayer -por el viernes-, no tenían libertad de movimiento. Ni los solicitantes de asilo ni quienes están a la espera de su expulsión podían entrar o salir libremente. ¿Ha habido algún cambio en esta política en dos días?», se preguntó.

La tensión en la isla es palpable. Este pequeño territorio de apenas 20 kilómetros cuadrados es la puerta a Europa para los inmigrantes. En 2008, llegaron alrededor de 31.700, lo que supone un aumento del 75% con respecto a 2007. La mayoría fueron interceptados en alta mar. El Ejecutivo italiano quiere mantenerlos en Lampedusa en régimen de internamiento hasta tramitar su expulsión o, en su caso, la solicitud de asilo. Para ello, el viernes inauguró en una vieja base militar abandonada un nuevo Centro de Identificación y Expulsión (CEI).

«Una cárcel al aire libre»

El viernes, unas 4.000 personas, con el alcalde Bernardino de Rubeis a la cabeza, se manifestaron en contra de esta política y proclamaron una huelga general. «El Gobierno pretende convertir la isla en una cárcel al aire libre, en una nueva Alcatraz», gritaron durante la marcha.

Desde la oposición, Dario Franceschini calificó de «dramática» la situación de los inmigrantes. «Se violan los derechos más elementales», destacó.