Miren Legorburu y Tasio Erkizia, dos de los militantes independentistas a quienes el viernes también les registraron sus viviendas en el marco de la operación contra la izquierda abertzale, llamaron ayer a la ciudadanía vasca a que levante la voz «para que todas las opciones, incluida claro está la plataforma electoral D3M», puedan estar el 1 de marzo compitiendo en igualdad de condiciones en las urnas. «No podemos perder esa oportunidad. No nos van a perdonar nuestros descendientes -incidió Erkizia- que perdamos esta oportunidad histórica para Euskal Herria».

En su primera comparecencia pública tras el arresto de otros ocho militantes independentistas, Legorburu y Erkizia animaron a la sociedad vasca a unir fuerzas en un trabajo diario y continuado hacia un escenario democrático que posibilite «esa tan deseada paz».

Arropados por medio centenar de personas que estuvieron presentes en la sala del céntrico hotel bilbaino donde se desarrolló la rueda de prensa, aclararon que la izquierda abertzale «en absoluto irá a la clandestinidad» como desde algunos foros políticos y mediáticos se alienta. Apostillaron que frente a los sucesivos embates represivos, insistirán en el trabajo político diario para defender los derechos de Euskal Herria.

En esta tarea, el veterano político de Santutxu destacó la importancia que tiene que una mayoría social apueste por «un voto independentista y de cambio social».

En su análisis del operativo impulsado por el Ministerio español de Interior, con el amparo del juez Baltasar Garzón, manifestaron que la detención de los ocho militantes independentistas, así como el registro de 18 viviendas y sedes políticas, es «una continuación de la violación de derechos civiles y políticos de miles de ciudadanos y ciudadanas vascas». Tasio Erkizia, protagonista y testigo de otras actuaciones violentas contra el independentismo en las últimas décadas, subrayó su «extrema gravedad, porque en su forma recuerda a los viejos tiempos franquistas».

El objetivo de la enésima operación contra la izquierda abertzale, apuntaron, es «cerrar el ciclo de Lizarra-Garazi para una segunda transición». En este proceso de acumulación de fuerzas, resaltaron, «se pusieron las bases para un escenario democrático, como son el reconocimiento de Euskal Herria, el derecho a decidir y a configurar un pueblo con los siete herrialdes». A pesar de los más de diez años transcurridos, Erkizia se mostró convencido de que «existen posibilidades para que haya un cambio democrático en este país».

«Con esta operación intentan anular el trabajo y la lucha de miles de ciudadanos y ciudadanas que, además de poner en crisis el entramado jurídico-institucional con la Constitución y los estatutos de autonomía, han apostado claramente por abrir cauces, métodos y procesos que lleven a este pueblo a la paz basada en la justicia», señalaron. En esta labor, al igual que otros, estaban los apresados: Arantza Urkaregi, Amparo Lasheras, Eli Zubiaga, Iker Rodrigo, Imanol Nieto, Agurtzane Solabarrieta, Hodei Egaña e Iñaki Olalde.

En relación a la perseguida iniciativa electoral D3M, explicaron que «quieren ahogar la voz por una solución justa, por una superación del enfrentamiento con los estados español y francés. Quieren invalidar una plataforma política que intenta llevar a esta sociedad de una situación de democracia cero a una democracia de tres millones». Advirtieron de que se trata de «criminalizar una opción política que, en esta época de crisis, apuesta por el cambio social, una sociedad diferente basada en la justicia y la igualdad de todos».

«Miedo escénico» del PSOE

Con estas nuevas detenciones de independentistas, en su opinión, se constata de nuevo «el carácter antidemocrático del Estado español», donde «se persigue con saña el pensamiento político, los proyectos políticos». Incidieron, además, en el «miedo escénico que tiene el PSOE para confrontar su proyecto político con el de la izquierda abertzale. El Estado tiene miedo a enfrentarse a las razones democráticas que plantea».

Criticaron también el «cinismo» de dirigentes del PSOE como el vizcaino José Antonio Pastor, que, siendo conscientes de que se trata de «una operación basada en un impulso político que ellos mismos han creado y ha sido planificada perfectamente por el Ministerio del Interior», reclaman que «se deje trabajar a los jueces». De éstos, aclararon que «no pintan absolutamente nada y son medios que utilizan para sus objetivos políticos».

Las críticas se extendieron a la dirección del PNV, especialmente a su presidente, Iñigo Urkullu, y al lehendakari Juan José Ibarretxe. «Un Ibarretxe tan sensible a denunciar inmediatamente cuando la Policía irrumpe en un domicilio empresarial, tan sensible cuando se detiene a un empresario, parece que no tiene ninguna sensibilidad, que le importe muy poco que sistemáticamente se detenga a ciudadanos vascos por el único delito de llevar a cabo un trabajo político en defensa de los intereses de este pueblo», denunciaron ante la opinión pública.

Mención especial hicieron también a las declaraciones de la víspera del presidente del Euzkadi Buru Batzar del PNV en una entrevista en Radio Euskadi. Acusaron a Urkullu de actuar «con ligereza» al situar la violación de los derechos civiles y políticos a una parte importante de la ciudadanía vasca, la persecución sistemática a los militantes destacados de la izquierda abertzale, «simplemente como un tema de campaña electoral», de cálculo electoral. El líder jeltzale había tratado de restar importancia al nuevo ataque jurídico-policial al independentismo y llegó a situarlo en «un juego interesado del PSOE y el PP», y utilizado también «por parte de la izquierda radical, que hace victimismo».