La llamada comisión Bauer es la autora de un interesante censo. El organismo ha puesto en una lista a esos listillos obedientes que hacen pormenorizadas radiografías de la ciudadanía francesa. Y sacando cuentas ha concluido que en la República existen no menos de 45 ficheros policiales.

El año pasado, en medio de una campaña de denuncia política, Sarkozy se vio obligado a retirar el proyecto Edvige, el fichero de ficheros. Pero por mucho que se enterrara la denominación de origen, basta con un simple rebautizo para que siga adelante la operación de asalto a la vida privada y colectiva.

Poco importa que con tanto fichador suelto salten a la luz escándalos como el que tiene como protagonista al líder de la LCR, Olivier Besançenot, espiado por un alto directivo de una empresa que fabrica pistolas paralizantes con las que policías de distintos estados han matado a más de un centenar de personas. Con la ayuda de agentes diversos, el alto ejecutivo pudo acceder a bases de datos oficiales hasta hacerse con un dossier completo para acosar al ex candidato presidencial que le apuntaba a su vez con el dedo.

Una de las teclas que, creen los magistrados, pulsó a distancia el patrón de la Taser lleva al fichero Stic, que bucea en los expedientes judiciales. Hasta 2001 era un perfecto desconocido. A ocho años de saberse de su existencia se pone de manifiesto no ya sólo la dimensión del marcaje social, sino el peligroso descontrol que acompaña su uso.

El nada sospechoso senador sarkozysta Alex Türk ha presentado esta semana las conclusiones de una investigación sobre ese fichero. Se estima que «varios millones de ciudadanos» figuran en él pese a que los expedientes abiertos contra ellos en comisarías y juzgados nunca llevaron a una sentencia firme.

El Stic está colapsado. Al senador de la UMP le preocupa la falta de eficacia, pero el verdadero debate está en la desprotección de la ciudadanía ante el asalto premeditado a las libertades.

¿Qué ocurre con las bases en que los políticos evitan hurgar? ¿Quién controla el uso de un fichero creado en 1993, bautizado como MUGA y que, según reveló un mando policial durante la visita de Sarkozy a Ziburu en 2007, contaría con datos de 10.000 ciudadanos vascos