El juez Garzón se declara «obamista» y acaba de declarar en Chile que «la mejor noticia que se podría recibir desde hace mucho tiempo es el cierre de algo que nunca debió existir y que no es mecanismo y fórmula para luchar contra el terrorismo». No hablaba de la Audiencia Nacional, ni de Soto del Real, ni de los calabozos de la Guardia Civil, sino de Guantánamo, como ya habrá supuesto el lector.

En este caso, además, sus palabras son coherentes con sus acciones. Por ejemplo, en marzo de 2008 retiró las acusaciones de «pertenencia a organización terrorista» a Abú Aás y Omar Deghayes, ex presos en la polémica base yanki. Garzón asumió que había «indicios racionales suficientes» de pertenencia a una «célula española de Al Qaeda», pero concedió más importancia a los informes médicos que constataban el deterioro de su salud mental tras el encierro en Guantánamo, y concluyó que enjuiciarlos sería «inhumano». También ha liberado bajo fianza a Hamed Abdelrahman Ahmed, español que pasó dos años en el penal antillano, aludiendo a su «detención arbitraria», hecha «al amparo de una violación sistemática de los derechos fundamentales de los detenidos».

Dos decisiones elogiables, sin duda.

Dicen que ese Garzón es la misma persona que suscribe el último auto de prisión contra ocho militantes independentistas. Tras leer las 46 páginas, a uno le asaltan mil dudas, pero sobre todo una: por qué la firmó a las 5.00 de la madrugada y no, por ejemplo, a las 20.30 para irse después a cenar o al fútbol con la tarea hecha. Para echar un cuño judicial a un informe policial no hace falta esperar (ni hacer esperar) tanto. ¿Acaso sólo quería dar apariencia de rigor y profesionalidad a una operación arbitraria y falsa? Malpensados...

Garzón o Zapatero han usado el término de «limbo» para definir Guantánamo. Pero en Euskal Herria imponen otro limbo peor en la medida en que tiene un disfraz legal. En Washington se ahorraron la desvergüenza de revestir de rigor jurídico un sistema de castigo arbitrario e injusto, pero en Madrid se sigue vendiendo la persecución política como «normalidad del Estado de Derecho». En Washington, Dick Cheney asume que autorizó la llamada «asfixia simulada»; es lo mismo que aquí tiene otro nombre mucho más directo y comprensible -«la bolsa»-, pero que Madrid nunca ha reconocido ni se plantea reconocer.

Los progresistas españoles -quizás hasta Garzón se apunte- empiezan a presionar a Zapatero para que acoja a los presos de Guantánamo, los libere y los ampare como refugiados políticos. Alguien en el mundo debería hacer lo mismo con Amparo Lasheras, por ejemplo.