El deterioro de los servicios sociales en Araba por la «creciente privatización» y la necesidad de crear un cauce de participación sobre este tema en el ayuntamiento de Gasteiz y en la Diputación, ha llevado a diez asociaciones vecinales, los sindicatos ELA, LAB y ESK, varios comités de empresa y organismos sociales tan diversos como Elkartzen, Bilgune Feminista, la Comisión anti-SIDA, Salhaketa, SOS Racismo, Aran Emakumeen Taldea, Eginaren Eginez, Comunidades Cristianas de Base y la Asamblea de Mujeres, a constituir la Plataforma por unos Servicios Sociales Públicos, cuya presentación pública se celebró ayer con presencia de varios representantes de estos colectivos.

En esta primera cita con los medios, manifestaron que la aprobación en el Parlamento de Gasteiz de la Ley de Servicios Sociales, el 5 de diciembre, «abre un camino de incertidumbre para los servicios sociales, con la regulación interesada de los servicios sociales privados, que es necesario desenmascarar y darle la vuelta en la medida de lo posible».

Esta veintena de organismos, a los que según anunciaron próximamente se les sumarán más, ya que la plataforma está abierta a nuevas adhesiones, tienen como elemento común denominador tres argumentos. El primero, el que dice que «los servicios sociales deben ser públicos»; en segundo lugar, que «todos los servicios sociales actuales que sean privados o semiprivados, con convenios, conciertos u otra modalidad de gestión indirecta y/o privada, deberán garantizar las mismas condiciones laborales que en la pública a todos y todas las trabajadoras, sin discriminación por sexos». Y, en tercer lugar, desde esta plataforma consideran que «todos los servicios sociales deben prestar a los usuarios y usuarias los servicios con la misma calidad asistencial que en la pública».

Valoración negativa de la ley

Estos colectivos, partiendo de estos puntos en común, hacen una valoración negativa de la citada Ley de Servicios Sociales, porque «no garantiza estas cuestiones básicas», y «ni siquiera atiende las propias recomendaciones de Emakunde». Por ello, denuncian «a las instituciones públicas» porque «a través de la privatización de los servicios sociales producen una gran opresión a las mujeres -con una incidencia concreta en las personas emigrantes- desde la perspectiva de género, con trabajos precarios, salarios mucho menores y con una desigualdad manifiesta con los servicios sociales públicos».

En la rueda de prensa recordaron también que la Plataforma por unos Presupuestos Participativos, que agrupa a 72 colectivos, ya planteó el año pasado al consistorio gasteiztarra la creación de un Consejo Sectorial de Servicios Sociales, apostillando que se trata de una petición que pretenden que llegue finalmente a buen puerto.

Asimismo, señalaron que entre las cuestiones que pretenden abordar se encuentra la celebración de una reunión urgente para hacer frente al conflicto existene en la residencia de Ariznabarra, denunciar la gestión privada de las residencias de Abetxuko y Lakua, así como impulsar la creación de un observatorio sobre servicios sociales.