Hayan hecho lo que hayan hecho, los soldados que han participado en la masacre de Gaza saben que su gobierno les ofrece inmunidad absoluta y que los defenderá frente a cualquier tipo de acusación. También que hará lo posible para ocultar quiénes son los autores de hechos concretos -como, por ejemplo, las muertes de niños o civiles indefensos-, y para evitar que se sepa qué mandos concretos ordenaron cada acto militar o, en muchos casos, directamente criminal -como, por mencionar un único ejemplo, los bombardeos contra hospitales-.

Ayer en medios israelíes trascendió que a raíz de la apertura de un sumario en la Audiencia Nacional contra una operación en Gaza en 2002 el ministro de Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos, había confesado a su homóloga israelí, Tzipi Livni, que pretendían cambiar la ley para evitar este tipo de situaciones. Exteriores tuvo que salir al paso para decir que «no se trata ni mucho menos de abolir, ni de limitar, ni de restringir ese derecho a la jurisdicción universal que es una seña de identidad del ordenamiento jurídico español desde 1870». ¡75 años antes de la creación de la ONU y con 40 de dictadura en medio!