Israel tratará de blindar a los soldados que participaron en la masacre de Gaza para evitar que sean juzgados por crímenes de guerra. El Ejecutivo de Tel Aviv busca frenar las posibles demandas que ya están elaborando diferentes organizaciones que trabajan en el ámbito de la defensa de los derechos humanos, tanto palestinas como internacionales, después de la ofensiva sionista contra Gaza.

«Apoyaremos a todos los oficiales que hayan participado en las operaciones militares», aseguró el primer ministro israelí, Ehud Olmert, antes de la sesión de su Gabinete del pasado domingo. «Oficiales y soldados deben saber que están a salvo de los tribunales», insistió.

Entre las medidas aprobadas por el Gobierno están la prohibición de publicar los nombres de los militares envueltos en los ataques, así como la creación de un cuerpo de abogados para poner freno a las denuncias y al que deberán dirigirse los soldados cuyas credenciales ya han sido hechas públicas. Además, se les ha recomendado no viajar a determinados lugares en donde podrían ser arrestados, como los estados español y francés, Gran Bretaña o los países nórdicos.

Preparando la defensa

«Israel tiene miedo. Se ha tomado en serio la posibilidad de que sus criminales de guerra se sienten en el banquillo», señaló esta semana el abogado de una ONG palestina que prefirió no dar su nombre ante el temor a posibles represalias. «Están preparando ya su defensa, publicando vídeos y fotos para justificar sus ataques y dificultar nuestra labor. ¿Cómo vamos a saber que un punto negro grabado desde un satélite es un arma o no?» En esas grabaciones se han suprimido los nombres y las graduaciones de los oficiales que participaron para que su identifica- ción sea imposible.

Diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos están recogiendo testimonios y pruebas entre la población de Gaza con el objetivo de presentarlos ante los tribunales. «Es un trabajo largo, pero hay que documentar lo que ha ocurrido», indicaron las mismas fuentes, que mostraron su esperanza de que «dentro de diez o veinte años» pueda abrirse una causa general por los crímenes de guerra ocurridos durante la ocupación militar en Palestina.

La posibilidad de remitir las investigaciones a tribunales extranjeros, como en el caso actual de la Audiencia Nacional española, es sólo una de las vías que barajan estas organizaciones palestinas, aunque por el momento ha constituido el medio más efectivo. De hecho, antiguos altos cargos israelíes ya han sido perseguidos por ataques ocurridos durante la primera Intifada, como el actual ministro de Seguridad Pública y miembro del Kadima, Avi Dichter, quien está siendo procesado por un tribunal en Nueva York. Otra figura clave durante los últimos años de la ocupación, el general retirado Doron Almog, tuvo que refugiarse en su avión en 2005 y regresar a su país sin poner un pie en Londres ante la presencia de policías británicos dispuestos a detenerle.

Iniciativa inviable

Aunque el recurso a tribunales foráneos ha sido la iniciativa con mejores resultados, las organizaciones de defensa de los derechos humanos también barajan otras opciones, como la apertura de un proceso en el Tribunal Penal de La Haya o la creación de una corte especial para juzgar la ocupación, del mismo modo que ocurrió con la guerra de los Balcanes.

«No es muy realista, ya que Israel no ha firmado el tratado de la Corte Penal Internacional», reconoció este abogado, quien señaló que sólo una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas podría dar luz verde a este proceso, como ocurrió con el conflicto de Darfur, en Sudán.

De todos modos, las propias organizaciones consideran esta iniciativa inviable ante la posibilidad de veto de Estados Unidos. Un muro con el que también se chocaría la segunda opción. «Tendría que recibir el apoyo de muchos países, por lo que la situación actual no va en este sentido. Por el momento, desarrollamos campañas de presión pero no creemos que puedan tener efectividad en un futuro próximo», asegura.

En esta situación, el trabajo de los activistas de derechos humanos y expertos en Derecho se centra en la recogida de testimonios y pruebas con los que acusar a los cargos israelíes. Una investigación que podría alargarse durante años.

«Tenemos contactos con abogados de diversos lugares, entre ellos del Estado español, aunque todavía se trata de labores previas», afirman.

El impacto por los cerca de 1.500 muertos y más de 5.000 heridos provocados por el Ejército sionista ha puesto en marcha también a los escasos movimientos contrarios a la masacre dentro del propio Israel. Una de las iniciativas más conocidas ha sido la página web www.wanted.org.il, en la que aparecen las fichas de Ehud Olmert y otros 14 altos cargos de su Gobierno y se insta a abrir un proceso judicial contra ellos en el Tribunal Penal Internacional de La Haya.

Además, siete organizaciones del ámbito de los derechos humanos han presentado un manifiesto en el que se denuncian los malos tratos y las torturas sufridas por los ciudadanos palestinos detenidos por el Ejército sionista. Tímidas reacciones de una sociedad que ha apoyado mayoritariamente la masacre cometida en la Franja de Gaza.