El Gobierno de Ibarretxe ha logrado que las cámaras recojan una imagen muy poco usual en Euskal Herria: la de los líderes de las principales centrales sindicales vascas sentados ayer en una misma mesa en defensa unitaria de una causa común: el apoyo a Hiru, ante la amenaza que se cierne sobre el sindicato de transportistas en forma de expediente sancionador abierto por Tribunal vasco de Defensa de la Competencia. El expediente, que tiene su origen en unas declaraciones realizadas hace un año por dirigentes de Hiru recomendando un incremento de tarifas, podría desembocar en una sanción económica que oscila entre los 500.000 y los diez millones de euros, algo que, de facto, supondría la desaparición del sindicato.

El respaldo sindical sin fisuras a Hiru da idea de la verdadera magnitud del despropósito que, conscientemente, trata de llevar adelante Lakua con el objetivo de recortar la libertad sindical y así modelar el sector del transporte de acuerdo con unos parámetros de competitividad que sólo generan precariedad y contra los que Hiru lleva años trabajando. Y para ello no duda en poner la ley del mercado por encima de la vida, la salud y los derechos laborales de los trabajadores.