La denominada Organización de las Naciones Unidas es el ejemplo paradigmático de una confusión terminológica con hondas consecuencias prácticas. Se trata de la confusión entre estados y naciones, dos entidades políticas que no son lo mismo y que, además, escasa vez coinciden dentro de unas mismas fronteras. Pocos son los estados que contienen una única nación dentro de sus fronteras. Muchas son las naciones que no están representadas por un estado, las denominadas naciones sin estado, de las que Euskal Herria es un caso más. Los estados se empeñan en restar legitimidad o incluso en negar la existencia de esas naciones, pero al mismo tiempo intentan legitimarse a sí mismas en términos «nacionales» y no meramente estatales. En esos parámetros están escritas, sin ir más lejos, las últimas sentencias que los altos tribunales españoles han firmado sobre la cuestión vasca.

Así las cosas, la ONU es un organismo internacional que representa a los estados conformados como tal en la esfera «internacional» -otra vez el mismo error-. En consecuencia, la ONU representa los intereses de esos estados o, en su defecto, algo así como la suma relativa del poder que en un momento histórico determinado tienen esos estados. No se trata de una organización democrática en el doble sentido de que está formada por delegados y de que, además, los votos de todos sus estados miembro no tienen el mismo valor, como queda bien claro en la capacidad de veto que tienen los estados del Consejo de Seguridad. En todo caso, tal y como se ha señalado, representa los intereses de los estados como entidades políticas básicas, legítimas y homologables a nivel global. También al Estado español.

Sorprende por ello que mientras ese Estado niega y reniega de su órgano máximo de representación a nivel planetario, sea la plataforma electoral D3M la que tenga que utilizar en su alegación el Informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Desde ayer uno de los mencionados altos tribunales tiene sobre su mesa un compendio de chismorreos policiales frente a ese informe de la ONU. Quizá se demuestre que la justicia, al menos en el Estado español, es realmente ciega.