Elecciones del 1 de marzo
Un intento electoral por hacer ver lo que no es la ilegalización
El candidato a la reelección del PNV, Juan José Ibarretxe, se ha lanzado en tromba para demostrar que el objetivo principal de las ilegalizaciones no es otro que el de desbancarle a él de la Lehendakaritza. Parece querer olvidar que la estrategia del Estado tiene un propósito bien definido y absolutamente reconocido, el de cortocircuitar la actividad política del movimiento independentista.Ni siquiera las advertencias de la ONU sobre los excesos de las leyes de excepción en materia electoral han parecido preocupar a la pléyade de candidatos en búsqueda del preciado escaño. El PSOE ya ha conseguido que el PNV cierre el ciclo de Lizarra, y sólo espera al resultado para saber si asumirá directamente las riendas del Gobierno o tutelará, en la forma que coresponda, un ejecutivo liderado en apariencia por los jelkides.
Iñaki ALTUNA
El objetivo de las ilegalizaciones no es otro que el que aparece en primer término, con toda claridad: evitar que la izquierda abertzale desarrolle en toda su dimensión su estrategia para un cambio de marco que abra las puertas a la opción independentista. Parece obvio, evidente. Sin embargo, al calor de la campaña electoral, hay quien se ha apresurado a atribuirles otro objetivo principal. Destaca la insistencia de Juan José Ibarretxe de achacar la anulación de listas de D3M y Askatasuna al afán del PSOE de desalojarle de Ajuria Enea.
Ayer mismo dijo en Donostia que el PSOE ha utilizado la Ley de Partidos con «cálculos electorales», tanto en 2005 para -con la presencia de EHAK- «quitar la mayoría absoluta al tripartito», como ahora, al impedir que D3M concurra y así, según sus palabras, intentar asegurarse la mayoría absoluta con los votos del PP.
Ibarretxe olvida algunas cosas al realizar este análisis. Por ejemplo, que en 2005 fue precisamente él quien, en lugar de intentar articular en clave de cambio político la mayoría que su plan había logrado en el Parlamento -con tres votos a favor de la izquierda abertzale-, se apresuró a acudir a Madrid para recibir un «no» de las Cortes españolas y, acto seguido, dar carpetazo al tema y adelantar las elecciones. Quiso aprovechar precisamente la anunciada ilegalización de la izquierda abertzale para obtener la ansiada mayoría absoluta. ¿Quién utilizó entonces con «cálculos electorales» la Ley de Partidos?
En esta ocasión, el tiempo juzgará la actuación de cada cual, pero tampoco se puede descartar que la convocatoria para el 1 de marzo, y no para algún fin de semana posterior, tuviese entre sus objetivos dejar el menor margen de tiempo posible a la izquierda abertzale para abrir nuevas opciones en el campo electoral.
Ibarretxe sabe que el mensaje sobre el «polo soberanista» del último trimestre del año pasado era mucho más que un simple discurso, y que tras él había relaciones políticas para conformar nuevas alianzas que, en clave de soberanía y resolución del conflicto, disputasen la hegemonía al PNV.
Sobre el aprovechamiento impúdico de la ilegalización por parte de aquellas fuerzas que se presentan a las elecciones sólo cabe decir una cosa: que quien esté libre de culpa eche la primera piedra. Lo que sí dicen los expertos es que el reparto de esos nueve escaños que deja EHAK y que no podrá disputar la izquierda abertzale favorecerá a las opciones mayoritarias, es decir, al PSE y, también, al PNV.
A ninguno de ellos parece molestar en excesivo que esa adjudicación de escaños no obedezca a la voluntad popular, por lo que la Cámara saliente no podrá llamarse democrática al no representar a la ciudadanía de los tres territorios sobre los que legisla. Y ni siquiera las advertencias del Relator de la ONU sobre los excesos de las leyes de excepción en materia electoral han parecido preocupar a la pléyade de candidatos en búsqueda del preciado escaño.
La disputa entre el PNV y el PSE por ver quién puede obtener mayor respaldo para aspirar al puesto de lehendakari está hecha a medida de un plantamiento bipartito, aunque para atender a la realidad vasca, si de construir futuro se trata, debiera tenerse en cuenta algún otro vértice y, por consiguiente, conformar una figura geométrica distinta a la línea recta que se entabla entre los partidos de Ibarretxe y López. Porque se corre el riesgo de engañarse en medio de las diatribas electorales que hacen aparecer como antagónicos planteamientos quen en realidad son más que complementarios.
No hay más que mirar al pasado reciente para comprobar que entre PNV y PS(O)E han existido dos grandes coincidencias, las que, a la postre, han determinado el presente de este país: la primera, en el ámbito de la gestión institucional, con un apoyo mutuo para la estabilidad de los gobiernos de Lakua y Madrid; y la segunda, en los momentos claves del último proceso de negociación, en los que el PNV se alineó sin duda con el PSE. Así sucedió en Loiola y así se lo agradeció a los jeltzales Jesús Eguiguren en sus primeras entrevistas tras concluir las negociaciones, en las que confirmó que éstos cayeron siempre de su lado en las conversaciones con la izquierda abertzale.
Ahora, después de haber superado el aventurerismo que Iñigo Urkullu atribuyó a Juan José Ibarretxe en la entrevista a María Antonia Iglesias, los elementos de confrontación son aún menores que los de la legislatura pasada. El PSOE ya ha conseguido que el PNV cierre definitivamente el ciclo iniciado en Lizarra hace ahora diez años, por lo que sólo espera al resultado de las urnas para saber si asumirá directamente las riendas del Gobierno autonómico o si tutelará, en la forma que corresponda, un ejecutivo que éste liderado en apariencia por los jelkides.
Frente a esa realidad de falsa bipolaridad, la necesidad de un cambio político real sólo se puede abrir paso con la visualización del vértice que se oponga a nuevos fraudes estatutarios y plantee un proceso democrático como palanca de futuro, lo que, en términos electorales, ha llevado a la izquierda abertzale a hacer una apuesta por el voto a las papeletas de D3M.