La Fiscalía imputa a once ediles del PNV de Lezama un delito urbanístico
La Fiscalía de la Audiencia de Bizkaia ha imputado a once ediles del PNV de Lezama, entre ellos a la actual alcaldesa y a su predecesor, y a un concejal de EA como presuntos autores de un delito urbanístico al aprobar, en marzo y julio de 2008, los proyectos de centro cívico y casa de cultura pese a la advertencia de la secretaria municipal de que se incurría en una ilegalidad al haberse denegado a ambos el visado del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro.
Agustín GOIKOETXEA |
El Juzgado de Instrucción número 8 de Bilbo mantiene abierta una causa penal contra los doce ediles de PNV y EA por haber votado a favor de dos proyectos urbanísticos en Lezama a sabiendas de que no cumplían con la legislación vigente.
En el caso de Kultur Etxea, el alcalde, el jeltzale Luis Ramón Álvarez, y sus compañeros de partido Javier Etxebarria, María Ines Dañobeitia, Alaitz Etxeandia, Jon Joseba Etxeandia, Román Pomposo, Amaia Arteaga y Raúl Loroño, junto al edil de EA Ibon Blanco refrendaron, en un pleno extraordinario celebrado el 30 de marzo de 2007, el proyecto de ejecución a pesar de la advertencia de la secretaria de la Corporación.
La razón no era otra que la denegación del pertinente visado del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro (COAVN), con un informe rubricado el 11 de setiembre de 2006, al detectar «incumplimiento de criterios de edificabilidad» respecto a las Normas Subsidiarias en vigor.
Un hecho similar se produjo el 26 de julio de 2007, a las semanas de constituirse la siguiente Corporación lezamarra, cuando la nueva alcaldesa, Alaitz Etxeandia, y los concejales del PNV Amaia Arteaga, Joseba Izagirre, Cipri Elorriaga, Raúl Loroño y Oswaldo Bilbao aprobaron el proyecto de obra y expediente de contratación de los trabajos de construcción del centro cívico. La secretaria, de nuevo, les advirtió de la ilegalidad por la denegación del visado por el COAVN por incumplir la edificabilidad, así como «destrucción de bienes catalogados por el Ayuntamiento o declarados de interés cultural».
El único voto en contra fue el de la concejala del PSE que, a pesar de conocer la irregularidad, no hizo nada. La parcela donde se levantó el centro estaba destinada a equipamiento escolar cuando se aprobó la ordenación urbanística, y no a comercial y social como se indicó en la memoria del proyecto. Este equipamiento ya se ha construido.
Estas irregularidades fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía de la Audiencia de Bizkaia en julio por los tres electos de la izquierda abertzale excluidos por el Gobierno español de ocupar su acta de concejal. En su escrito, informaron de los hechos e incidieron en los «numerosos incumplimientos graves» por parte de los máximos responsables municipales de Lezama, que entendían que podría ser un delito.
El visado de los expedientes urbanísticos por el COAVN, según se recoge en las Normas Subsidiarias, es obligado para que se admitan en las oficinas municipales o se tramiten por el Ayuntamiento vizcaino. «El no visado o la falta de suscripción por técnico facultativo al efecto, impedirá la aprobación inicial del expediente», consta en el articulado de la normativa.
Tras la entrega de la documentación, la Fiscalía inició unas diligencias informativas penales que concluyeron el 30 de diciembre de 2008 con la notificación por parte de la fiscal jefe de la Audiencia vizcaina, Carmen Adán, de que procedía a denunciar a los doce representantes municipales de Lezama ante el Juzgado de Guardia de Bilbo por un presunto delito del artículo 320 del Código Penal. De la causa penal se encarga el Juzgado de Instrucción número 8 de la capital.
Una vez notificado el procedimiento al Ayuntamiento, la alcaldesa ha convocado para hoy, a las 8.30, un pleno extraordinario para designar a un letrado para que se persone en la causa que se sigue contra ella y sus diez conmilitones, además del citado concejal de Eusko Alkartasuna. Los imputados podrían ser condenados a entre seis meses y dos años de prisión o a la de multa de 12 a 24 meses, así como a inhabilitación de siete a diez años para ejercer cargo público.
Desde la izquierda abertzale denuncian que «los vecinos de Lezama tengan que afrontar los gastos del abogado de los concejales cuando éstos, cuando aprobaron los proyectos, ya fueron advertidos por la secretaria de que cometían una irregularidad. Ellos y su partido -señalaron- deberían hacerse cargo de los gastos por su arrogancia. El resto de quienes vivimos en Lezama tenemos que cumplir las leyes. ¿Ellos por qué no lo hicieron en dos oportunidades?».
La izquierda abertzale apuesta por que Lezama disponga de una casa de cultura, tal y como han recogido sus programas electorales, aunque plantea que el proyecto se consensúe con todos los vecinos y agentes del pueblo. «Hay otras alternativas a las planteadas por el PNV por encima de las normas urbanísticas vigentes», manifestaron a GARA.
Su iniciativa ante la Fiscalía para denunciar las «graves irregularidades» cometidas por la actual Corporación municipal y por la anterior fue fruto, según explican, de una iniciativa para «tratar de acabar con la arrogancia y prepotencia que mueve toda la actividad municipal del PNV, que piensa que su mayoría, en parte lograda gracias a la exclusión de la izquierda independentista -a la que en el anterior mandato le correspondieron dos actas de concejal y en la actual tres¯, le permite hacer lo que quiera. Mientras los vecinos tienen que cumplir las leyes, para ellos parece que no hay y, cuando cometen una irregularidad o un error, somos todos los lezamarras los que debemos afrontar las consecuencias».
Recuerdan que las irregularidades destapadas ahora no son las primeras que se conocen. Citan el campo de tiro de Errekatxu, «que ha funcionado durante algo más de veinte años a pesar de que era ilegal».
«El resto de quienes vivimos en Lezama tenemos que cumplir las leyes. ¿Ellos -refiriéndose a los representantes municipales- por qué no lo hicieron en dos oportunidades?», denuncia la izquierda abertzale.
