La tensión se incrementa en Guadalupe tras cuatro semanas de huelga general contra la carestía de la vida, mientras que las negociaciones se encuentran paralizadas y el Gobierno francés ha prometido que hará «respetar el Estado de Derecho».

La secretaria de Estado francesa para los Derechos Humanos, Rama Yade, admitió ayer en París que existe «un profundo malestar debido a un problema de reparto de la riqueza que exacerba las tensiones» hacia la minoría blanca. Yade aseguró que el Gobierno francés «se ocupará de todos los problemas de Ultramar».

En Guadalupe, donde están a punto de cumplir un mes de huelga general, se manifestaron el sábado 50.000 personas para denunciar la represión y el control de la economía por parte de la minoría blanca.

«Guadalupe es nuestra, no de ellos», corearon dirigiéndose a los bekés, los descendientes de los colonos esclavistas que, como en Martinica, la otra colonia francesa en las Antillas, controlan la economía local.

«Visto el número de gendarmes que han llegado a Guadalupe armados hasta los dientes, el Estado francés ha optado por su vía natural: la de matar a los guadalupeños», denunció Elie Domota, portavoz del Colectivo Contra la Explotación (LKP), que ha impulsado las movilizaciones.

La manifestación del sábado se produje en Le Moule, una pequeña localidad costera que fue el escenario de la represión sangrienta que padecieron los trabajadores de la caña guadalupeños en 1952.

La diputada de Guayana Christiane Taubira (PRG, centroizquierda) tomó parte en la manifestación para «denunciar un sistema que impulsa el apartheid social, en el que una casta mantiene el poder económico y abusa de él», declaró al diario «Journal du Dimanche».

Guadalupe está paralizada desde el 20 de enero. El movimiento de protesta se ha extendido a Martinica y ha comenzado a tomar cuerpo en Reunión (colonia francesa en el Índico), donde una delegación del PS calificó ayer la situación de «muy crítica». El pulso se endurece, a pesar del llamamiento de electos locales del PS a la calma.

Las negociaciones que el secretario de Estado de Ultramar, Yves Jégo, está llevando a cabo en Guadalupe fracasaron debido al rechazo de París a asegurar un incremento de 200 euros a los salarios más bajos y una reducción de los precios de los productos de primera necesidad. El Gobierno respondió que esta cuestión debe ser tratada por los agentes sociales.