El Parlamento Europeo aprobó ayer una nueva norma comunitaria que obligará a los Estados miembros a castigar con sanciones penales a los empresarios que contraten a inmigrantes en situación irregular.

El texto respaldado por los parlamentarios estaba ya pactado con los Veintisiete, por lo que su aprobación en el pleno es ya definitiva. Los estados de la UE tendrán dos años para transponer la directiva a sus legislaciones estatales.

Se estima que hay entre 4,5 y 8 millones de inmigrantes en situación irregular en la UE, una cifra que aumenta constantemente debido sobre todo a la facilidad de acceso al «trabajo ilegal», según la Eurocámara. Este se concentra en sectores determinados, como la construcción, la agricultura, la limpieza, la hostelería y la restauración. Los inmigrantes están empleados en condiciones de explotación, sin acceso a seguros de enfermedad o pensión, y al mismo tiempo este tipo de empleo se traduce en un deterioro de salarios y condiciones de trabajo y en distorsiones de la competencia entre empresas.

Para combatir este fenómeno, la norma prohíbe a los empresarios dar trabajo a los inmigrantes que no tienen regularizada su situación y para lograrlo, fija una serie de estándares mínimos comunes sobre las sanciones y las medidas que deben aplicar los Estados miembros a los empresarios que incumplan esta prohibición.

Graduación de los casos

En los casos menos graves, las sanciones para los empresarios serán multas, incluyendo el pago de los gastos de repatriación; el pago de los salarios, impuestos y cotizaciones a la seguridad social pendientes; y otras medidas administrativas como la exclusión del beneficio de subvenciones -incluidos los fondos de la UE- durante un periodo que puede llegar a cinco años y la prohibición de participar en licitaciones públicas también durante cinco años.

Se presumirá que la relación laboral ha durado al menos tres meses salvo que empresario o trabajador aporten prueba de lo contrario. Los europarlamentarios exigieron que los procedimientos para que el trabajador recupere los salarios impagados sean automáticos.

Para los casos más graves, la directiva exige instaurar sanciones penales, aunque no precisa ni el importe mínimo de las multas ni de las sanciones penales y lo dejaba en manos de los Estados miembros. Se considera grave la reincidencia, las condiciones de trabajo especialmente abusivas; las situaciones en las que el empleador sepa que el trabajador es víctima de trata de seres humanos; o si este es menor.