El autor analiza el debate abierto sobre el papel de la banca pública. Defensores a ultranza del libre mercado y algunos de los ilustres dirigentes mundiales que han colaborado en la gestación de la crisis justifican en la excepcionalidad del momento bancos públicos temporales.

En los últimos meses se ha abierto un debate sobre el papel de una banca pública en medio de la crisis. Ha quedado ampliamente demostrado, a uno y otro lado del Atlántico, que la iniciativa privada no ha cumplido bien su cometido como soporte financiero de la actividad económica. Es incapaz, a la vista está, de satisfacer la demanda de las pyme. Y ahora se echa en falta un instrumento de naturaleza pública, que sea un agente dinamizador contra la crisis y que dote a las pequeñas y medianas empresas de medios financieros para aliviar su situación actual y allanar el camino para los tiempos mejores.

Pero a partir de 2006, los precios de las viviendas empiezan a bajar, las condiciones de los créditos se endurecen (suben los tipos de interés) y los bancos se encuentran con la propiedad de las casas (abandonadas por sus antiguos dueños insolventes) cuyo valor no cubre el valor de la deuda.

La gestión pública no es extraña en el Estado español, puesto que en el año 1971 fue creado el ICO (Instituto de Crédito Oficial) para distribuir el crédito oficial, ya de larga tradición anterior. Se definen con claridad sus objetivos: complementar al crédito privado y facilitar una distribución eficiente de los recursos, así como, y esto es lo esencial, prestar atención a las pyme que encuentran dificultades para obtener financiación. El ICO deberá esperar hasta 1999 para determinar su doble papel como entidad de crédito especializada y agencia financiera del Estado.

En 1987 se aprueba la constitución de un holding financiero para reunir las acciones de los cuatro bancos oficiales de entonces, el Banco Hipotecario, el Banco de Crédito Local, el Banco de Crédito Industrial y el Banco de Crédito Agrícola. En 1991 nace la Corporación Bancaria Española como resultado de la fusión de los cuatro bancos ante- riores más Caja Postal y Banco Exterior de España. Esta nueva corporación es el antecedente inmediato del banco Argentaria, que acabaría fusionándose con BBVA en 1999. Este proceso de desaparición de la banca pública, llevado a cabo en medio de un frenesí privatizador sin cuento, fue dirigido, de 1993 a 1999, por los ministros Carlos Solchaga, Pedro Solbes y Rodrigo Rato.

En este caso, además, el afán privatizador no tenía argumentos de fondo, ni agujeros multimillonarios que tapar, ya que se trató, según muchos expertos, de dejar en manos privadas unas instituciones con grandes beneficios, a excepción del Banco de Crédito Industrial, diezmado por los serios desajustes financieros de la reconversión naval. No fue, por tanto, un adelgazamiento del Estado por motivos económicos, sino por mero interés de los gobernantes y de las presiones de los grupos bancarios privados. Es curioso resaltar, por otro lado, que al inicio de la creación de la corporación bancaria formada por entidades públicas de crédito, Emilio Botín, presidente del Santan- der, no ofrecía oposición alguna al entender que traería eficiencia al mercado, algo que no era compartido ni de lejos por la Asociación de Banca Española.

Ahora las tornas han cambiado y la sola posibilidad de que ICO termine constituyéndose en banco público, irrita a los ministros de Rodríguez Zapatero, a la oposición, que dice que se trata de instrumentos del pasado, y a las instituciones comunitarias, que se han pasado los últimos años vigilando con lupa cualquier movimiento que pudiera ser sospechoso de favorecer ilegalmente a la banca pública europea por su condición de entidades de crédito amparadas por los gobiernos.

De todos modos, no hay que volverse locos, ya que no es la panacea. La banca pública es un buen instrumento más al servicio de la política económica del gobierno. Bien es verdad, que en los años 80, y dentro del Estado español, de la inversión crediticia total del sistema, el crédito oficial abarcaba nada menos que un 20% del mercado, mientras que en 1991, ya en tiempos de Argentaria, esa presencia se redujo al 15,7%. También se debe tener claro que los créditos oficiales pueden ofrecer mejores condiciones, pero no son en ningún caso subvenciones ni donaciones.

Pese a todo, las reclamaciones para resucitar una banca pública están hoy más que justificadas por el portazo de las entidades financieras a las pyme alegando riesgos elevados de forma machacona y el abuso de los bancos privados como canalizadores de los préstamos del ICO a la hora de establecer sus condiciones para el trámite. Frente a los que dicen que no se arreglará nada y que se perjudicará incluso la recuperación del sistema financiero al entrar en una posible competencia desleal, los partidarios proclaman la necesidad de actuaciones directas y audaces para salvar la economía puenteando la pasividad de los bancos, preocupados más de la cuenta en mejorar sus ratios de solvencia y detener la morosidad.

El éxito de la banca pública no vendrá, sin embargo, sólo por contar con el aval del Estado, sino por su propia efectividad y transparencia. Y esto se entiende bien ahora, por ejemplo, si sabemos que el alemán KfW (Banco de Crédito para la Reconstrucción y el Desarrollo), participado al 80% por el gobierno y al 20% por los estados federales, perdió unos 2.000 millones de euros el año pasado, después de dejar 536 millones de euros enterrados en Lehman Brothers.

En este debate, además, hay que tener en cuenta la inminente irrupción de los «bancos públicos temporales», es decir, aquellas entidades privadas que serán nacionalizadas para evitar su bancarrota. Esta idea, estigmatizada incluso hoy por los ortodoxos del libre mercado, es asumida ya hasta por algunos de los ilustres dirigentes mundiales que han colaborado en la gestación de la crisis. Eso sí, la justifican siempre por la excepcionalidad del momento. Alan Greenspan, el ex presidente de la Reserva Federal, ha dicho, con harto dolor, que «puede ser necesario nacionalizar temporalmente algunos bancos para facilitar una reestructuración ordenada» y que «por una vez en cientos de años es lo que hay que hacer».

Alemania es, hasta ahora, el país europeo que más claro lo tiene, y ya ha aprobado esta semana un proyecto de ley para acometer las nacionalizaciones. No obstante, los adalides de la apertura de la economía y la liberalización sólo circunscriben los apoyos públicos a la actual situación de emergencia para salvar la banca comercial y sostener el sistema financiero y crediticio.

Los defensores de una banca pública, solvente y complementaria, que llegue a dónde no llega la privada, ven hoy al ICO o a su hipotético sucesor como una entidad de futuro porque la crisis ha evidenciado las enormes lagunas del sistema privado. Por de pronto, las llamadas a discutir sus funciones, algunas nuevas y de sumo interés como la línea destinada a aumentar la liquidez, no suenan tan irreales.

Una buena señal es su papel protagonista en la lucha contra la crisis, gracias a que en 2009 dispondrá, por el momento, de 31.900 millones de euros, de los que 28.900 millones irán a parar a las pyme, y de éstos se podrían destinar 18.000 millones de euros a circulante.

También cuenta con 3.000 millones más de euros en una línea dedicada a promotores y constructores. La cantidad total asignada en este ejercicio es más del triple que el anterior.

Por tanto, si se alumbrara un proyecto de banca pública, creíble y bien dotada de medios, sólo empezarían a temer aquellos bancos cicateros que no han sabido estar a la altura de las circunstancias en los tiempos de necesidad y han antepuesto sus beneficios al bienestar del conjunto de los ciudadanos y ciudadanas.

No hay que olvidar tampoco, por otro lado, que han sido los propios bancos privados, aunque en esta caso los de Estados Unidos en primer término, los que han dinamitado la economía en un par de años mediante la propagación mundial de activos tóxicos y la generación de una brutal desconfianza.